El estudio Índice Global de Impunidad México (CESIJ, 2016)1, sitúa a Colombia como el tercer país a nivel mundial con mayor impunidad, con un porcentaje de 75.6%, sólo superado por México con un 75.7% y por encima Filipinas con un 80%. Además de la cercanía en el IGI, en un estudio de Transparency Internacional2, México y Colombia recibieron 30 y 37 puntos respectivamente, en una escala que de 0 a 100, 0 equivale a ‘’altamente corrupto’’ y 100 a ‘’muy limpio’’. Lejos de ser coincidencia, éstas variables están íntimamente ligadas, según concluye el estudio del CESIJ, en México ‘’la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia’’ y ‘’va de la mano con la delincuencia organizada’’, una similitud más entre México y Colombia, quienes además de su historia de conflictividad armada interna han tenido gobiernos con poca o ninguna alternancia ideológica, el PRI en México desde 1928 casi que como partido único y la alternancia liberal- conservadora en Colombia, con sus variaciones en el uribismo y santismo.
En Colombia, como lo dijo el Senador Jorge Robledo en el debate de La Verdad Total Odebrecht, ‘’hay un sistema de corrupción operando… lo que hay son auténticas organizaciones criminales’’3, que existentes desde la creación del Frente Nacional como un acuerdo entre las élites políticas y económicas, no sólo inducen a la corrupción sino también a la impunidad.
El pasado 10 de Julio, la Fiscalía envió al presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, los oficios No 0524 y 1945, a partir de los cuales dice que se puede concluir certeramente que Odebrecht sí asumió costos relacionados con las campañas presidenciales de Santos y de Zuluaga, y aunque ambas cartas hacen énfasis en que el acopio de pruebas se da por la premura del tiempo para la adopción de decisiones por parte del Consejo Nacional Electoral, que para el momento era de 5 días máximo, disgusta pero no sorprende que decidan salir tarde con resultados, lo cual era obvio desde el principio, pues claros son los conflictos de interés del Fiscal Martínez, cabeza del ente acusador, por su cercanía política con Cambio Radical y su cercanía económica a Sarmiento Angulo, socio de Odebrecht.
Dentro del CNE no hay certeza del futuro del proceso y de los tiempos de caducidad para aplicar sanciones, que podrían ser desde la devolución de los dineros aportados por el Estado a cada campaña hasta la prohibición de presentar candidatos propios a las elecciones de 2018, pues dentro del ente se manejan 3 tesis diferentes y la decisión depende de lo que propongan los magistrados que llevan cada caso. Pero independientemente de la fecha de caducidad sancionatoria que se decida, un velo de impunidad cubre el caso, pues los magistrados son postulados por los partidos políticos y elegidos por el Congreso de la República en donde esos mismos partidos tienen mayorías aplastantes. Así, 8 de los 9 magistrados son altamente dependientes de los partidos que los pusieron en sus puestos y que están relacionados con los gobiernos y partidos que ellos mismos deben investigar y eventualmente sancionar.
Sigue siendo el alivio de la corrupción un gran reto de la reforma política, la cual lejos de solucionar el problema con mecanismos como la lista cerrada, parece querer terminar el conflicto armado de la misma manera que la violencia bipartidista, con un acuerdo político entre élites que cierre filas para la participación democrática de partidos minoritarios y además que permita la continuación de elecciones y gobiernos corruptos, garantizando la máxima impunidad a cambio de la aprobación de favores para la élite económica.
Escrito por: Camilo Alcalde.
Imagen tomada de goo.gl/Wg6Z4o
Notas al pie de página:
1 http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/igimex2016_ESP.pdf
2 http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2016/
