Impunidad sistémica

El estudio Índice Global de Impunidad México (CESIJ, 2016)1, sitúa a Colombia como el tercer país a nivel mundial con mayor impunidad, con un porcentaje de 75.6%, sólo superado por México con un 75.7% y por encima Filipinas con un 80%.

El estudio Índice Global de Impunidad México (CESIJ, 2016)1, sitúa a Colombia como el tercer país a nivel mundial con mayor impunidad, con un porcentaje de 75.6%, sólo superado por México con un 75.7% y por encima Filipinas con un 80%. Además de la cercanía en el IGI, en un estudio de Transparency Internacional2, México y Colombia recibieron 30 y 37 puntos respectivamente, en una escala que de 0 a 100, 0 equivale a ‘’altamente corrupto’’ y 100 a ‘’muy limpio’’. Lejos de ser coincidencia, éstas variables están íntimamente ligadas, según concluye el estudio del CESIJ, en México ‘’la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia’’ y  ‘’va de la mano con la delincuencia organizada’’, una similitud más entre México y Colombia, quienes además de su historia de conflictividad armada interna han tenido  gobiernos con poca o ninguna alternancia ideológica, el PRI en México desde 1928 casi que como partido único y la alternancia liberal- conservadora en Colombia, con sus variaciones en el uribismo y santismo.

En Colombia, como lo dijo el Senador Jorge Robledo en el debate de La Verdad Total Odebrecht, ‘’hay un sistema de corrupción operando… lo que hay son auténticas organizaciones criminales’’3, que existentes desde la creación del Frente Nacional como un acuerdo entre las élites políticas y económicas, no sólo inducen a la corrupción sino también a la impunidad.

El pasado 10 de Julio, la Fiscalía envió al presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, los oficios No 0524 y 1945, a partir de los cuales dice que se puede concluir certeramente que Odebrecht sí asumió costos relacionados con las campañas presidenciales de Santos y de Zuluaga, y aunque ambas cartas hacen énfasis en que el acopio de pruebas se da por la premura del tiempo para la adopción de decisiones por parte del Consejo Nacional Electoral, que para el momento era de 5 días máximo, disgusta pero no sorprende que decidan salir tarde con resultados, lo cual era obvio desde el principio, pues claros son los conflictos de interés del Fiscal Martínez, cabeza del ente acusador, por su cercanía política con Cambio Radical y su cercanía económica a Sarmiento Angulo, socio de Odebrecht.

Dentro del CNE no hay certeza del futuro del proceso y de los tiempos de caducidad para aplicar sanciones, que podrían ser desde la devolución de los dineros aportados por el Estado a cada campaña hasta la prohibición de presentar candidatos propios a las elecciones de 2018, pues dentro del ente se manejan 3 tesis diferentes y la decisión depende de lo que propongan los magistrados que llevan cada caso. Pero independientemente de la fecha de caducidad sancionatoria que se decida, un velo de impunidad cubre el caso, pues los magistrados son postulados por los partidos políticos y elegidos por el Congreso de la República en donde esos mismos partidos tienen mayorías aplastantes. Así, 8 de los 9 magistrados son altamente dependientes de los partidos que los pusieron en sus puestos y que están relacionados con los gobiernos y partidos que ellos mismos deben investigar y eventualmente sancionar.

Sigue siendo el alivio de la corrupción un gran reto de la reforma política, la cual lejos de solucionar el problema con mecanismos como la lista cerrada, parece querer terminar el conflicto armado de la misma manera que la violencia bipartidista, con un acuerdo político entre élites que cierre filas para la participación democrática de partidos minoritarios y además que permita la continuación de elecciones y gobiernos corruptos, garantizando la máxima impunidad a cambio de la aprobación de favores para la élite económica.

Escrito por: Camilo Alcalde.

Imagen tomada de goo.gl/Wg6Z4o

Notas al pie de página:

1 http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/igimex2016_ESP.pdf

2  http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2016/

3 https://www.youtube.com/watch?v=DVdVO_sgg_M

4 http://bit.ly/2v68H0G

5 http://bit.ly/2tfFHpE

Odebrecht: El descarado “tapen-tapen” de Santos y Uribe

En las últimas décadas quienes han mal gobernado Colombia no solo se han turnado el poder y repartido por igual los puestos en cada gobierno, sino que lograron convertir las entidades de control en comisiones de aplausos y desvíos de investigaciones, con el fin de perpetuar “el tapen-tapen” que ha caracterizado a la justicia nacional.

El caso Odebrecht sintetiza las principales características de la economía y política nacional: un modelo corrupto que utiliza los impuestos de los colombianos para privilegiar las rentas de enormes firmas, magnates nacionales y foráneos junto con un modelo político que nos ponen a elegir entre candidatos, que pintan como diferentes, pero representan los mismos intereses de estos grandes poderes económicos.

Odebrecht giró 11 billones de dólares en sobornos a Colombia, algunos fueron para que esta firma se quedara con el contrato Ruta del Sol 2, que podría ser el proyecto de infraestructura vial más importante de la década. Gracias a Santos junto con Vargas Lleras a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y la Superintendencia de Industria, se permitió dar por terminado este contrato, en vez de declarar caducidad del mismo, lo que significa que a pesar del claro desvío de recursos públicos, estas empresas pueden seguir contratando como si nada. De este proyecto no solo se benefició Odebrecht (441 mil millones de pesos) sino también Episol, filial de Corficolombiana de Sarmiento Angulo (235 mil millones).

Otro proyecto en investigación es el adjudicado a Navelena (empresa de Odebrecht), que recibió un préstamo irregular del Banco Agrario por $120 mil millones de pesos para la recuperación del río Magdalena.

Al parecer los sobornos no se quedaron en las entidades que adjudicaron los contratos, sino que escalaron hasta los mismos candidatos presidenciales. Se vienen destapando nuevas pruebas donde se demostraría cómo Odebrecht financió las campañas uribistas de los candidatos Santos en 2010 y Oscar Iván Zuluaga en 2014, así como la campaña de Santos del mismo año.

Lo más grave es que las entidades de control hacen el esfuerzo de cubrir las evidentes irregularidades en los casos señalados, como se comprueba con la vinculación del Fiscal Néstor Humberto Martínez quién tiene enormes conflictos de intereses en investigar estos casos. Por un lado, intervino indirectamente en la realización de la adjudicación de la Ruta del Sol, al aprobar el CONPES 3817 de 2014 como Ministro de la Presidencia de Santos que permitió la adición para ese proyecto.

Por el otro, su firma MNA (Martínez Abogados) aparece en dos asesorías a la Ruta del Sol en los años 2012 y 2015, y realizó concepto de asesoría del año 2015 para Navelena, dirigido al Banco Agrario con sello de recibido de Odebrecht. Tan irrefutables y contundentes son las denuncias del senador Robledo, que Martínez, en un claro ejemplo de desespero y politiquería señala al senador de estar en campaña presidencial al realizar estas denuncias. No es más que una cortina de humo por parte del Fiscal, como dice Antonio Caballero y trata por bobos a todos los colombianos al negar su impedimento con un testimonio que dice que en el crédito a Navelena “por error se incluyó logo de Martínez Neira Abogados”.

En las últimas décadas quienes han mal gobernado Colombia no solo se han turnado el poder y repartido por igual los puestos en cada gobierno, sino que lograron convertir las entidades de control en comisiones de aplausos y desvíos de investigaciones, con el fin de perpetuar “el tapen-tapen” que ha caracterizado a la justicia nacional. Los colombianos nos cansamos de que los mismos con las mismas se salgan con la suya, y que por medio de mecanismos legales e ilegales hundan en la miseria, la pobreza y la corrupción a Colombia para beneficiar los intereses de unos pocos.

Por: Diego Cortés.

Imagen tomada de: https://goo.gl/ehxEHs

El Paro Cívico del Chocó sí ganó

En estos momentos, donde arrecian los golpes contra la producción y el empleo nacional, y el gobierno Santos se empeña en recortar los derechos sociales, debemos organizarnos y movilizarnos en todo el país para exigir una nación realmente productiva, soberana y digna.

El pasado mes se desarrolló en el departamento del Chocó un Paro Cívico de gran envergadura. La movilización social y la resistencia civil de la población chocoana desbordaron las calles y en ocho días lograron sentar al gobierno Santos y hacerlo aceptar los puntos exigidos por la comunidad.

La bandera de la movilización fue la denuncia del abandono Estatal, cristalizado en un absurdo nivel de pobreza que corresponde al 63% de su población, y el 37% en pobreza extrema. Chocó tiene la cuarta mayor tasa de desempleo del país y es la región colombiana con el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (79% de la población afectada).

La lista continúa, pero el cúmulo de condiciones de una población sumida en el atraso económico y la miseria social desembocó en la indignación y paralización de colegios, tiendas y transporte en la región por parte de los pobladores, orientados por el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó.

Los puntos exigidos fueron 10 de un pliego integral que incluyó los temas de vías, salud, educación, cultura, saneamiento básico, conexión eléctrica, entre otros. Si bien la negociación no incluyó todas las necesidades de la región, lo ganado es un enorme avance. En el tema de vías ganaron la inversión de 720.000 millones de pesos para financiar las carreteras Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira, y los recursos para los estudios del tramo que da vía al mar. En salud, el gobierno deberá construir un hospital de tercer nivel y sanear la deuda con el Hospital San Francisco de Asís.

Por último se creó una mesa permanente entre los miembros del Comité Cívico y el gobierno para hacer revisión permanente al cumplimiento de los acuerdos, imprescindible en un país donde se debe hacer un paro para que el gobierno asuma compromisos y otro para que los cumpla.

Chocó le acaba de dar un ejemplo de valor a toda Colombia. En estos momentos, donde arrecian los golpes contra la producción y el empleo nacional, y el gobierno Santos se empeña en recortar los derechos sociales, debemos organizarnos y movilizarnos en todo el país para exigir una nación realmente productiva, soberana y digna.

Por: Diego Cortés

Imagen tomada de: http://goo.gl/nthuxI