¡Abajo el sociólogo tirapiedra!

Hay que exigirle a la sociedad, y en particular a los medios masivos de comunicación, que examinen los imaginarios estigmatizantes que reproducen –consciente o inconscientemente– en sus narrativas.

Con la detención el pasado 23 de febrero de Mateo Gutiérrez, un estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, se avivó al interior del Departamento un debate acerca de la estigmatización del sociólogo, es decir, la asociación generalizante del sociólogo –en especial si proviene de la Nacional– con el “subversivo”, el “tirapiedra” o meramente el “mamerto”. Basta recordar al respecto los numerosos chistes cotidianos según los cuales graduarse de sociólogo es homologable a sacar un “diploma de guerrillero”.

Alarmados, con razón, por lo pernicioso que podría resultar dicho estigma en un contexto social tan polarizado como el nuestro, hace unos días un grupo de estudiantes realizó un desagravio simbólico instalando en la entrada del Departamento de Sociología un espantapájaros con el lema: “espantando estigmas”.

Más allá de la composición estética del espantapájaros, algo muy llamativo del muñeco era lo que había detrás. En las paredes del fondo se leían tres graffitis: “yo defiendo la capucha”, “MB (Movimiento Bolivariano)”, “Farc-EP”, y unos pasos más allá había un mural de considerables dimensiones con la imagen de Camilo Torres (padre fundador del departamento) cargando un fusil al hombro.

Estas paradojas en el terreno iconográfico tendrían que motivar una seria auto-reflexión. Es necesario rechazar las generalizaciones nocivas de las que somos presas los sociólogos, pero al mismo tiempo deberíamos preguntarnos en qué medida nuestro propio Departamento ha alentado la generalización de esta imagen pública que hoy nos parece estigma.

Por décadas, la imagen del sociólogo ideal promovida por el Departamento fue, y hasta cierto punto sigue siendo, la de aquel que señala, cuestiona y desafía las injusticias cometidas por las instituciones estatales. Si lo hacía violentamente (como el último Camilo) o pacíficamente (como el último Orlando Fals Borda, el otro “padre fundador” del Departamento) no era la cuestión fundamental. Pregonando una polémica implacable con el Estado, el Departamento se representó a sí mismo genéricamente como la cuna del “pensamiento crítico”.

En parte por esta auto-representación, me parece que en Sociología (aunque esto es aplicable, con matices, a la Universidad Nacional en general) hemos experimentado una especie de “convivencia pacífica” con las organizaciones violentas de izquierda. No hay glorificación, ni tampoco complicidad abierta, pero sí hubo (y hay) una condescendencia silenciosa, una cierta ambigüedad hacia ellas desde un sector importante de estudiantes. A pesar de algunas notables excepciones, sus graffitis se preservan y los actos públicos de los grupos clandestinos universitarios fueron siempre más o menos tolerados.

Según los datos recogidos en 2013 por el proyecto “Tenemos que Hablar” en 2013 a través de una encuesta a una muestra representativa de estudiantes de la Universidad Nacional en su sede Bogotá, el 21% de la población estudiantil aprobaba los tropeles realizados por grupos encapuchados en el campus. Es decir: 1 de cada 5 estudiantes. Cifra desigualmente distribuida por facultades, siendo Ciencias Humanas una de las más altas. Allí, 1 de cada 3 estudiantes dijo aprobar los tropeles.

Pierre Bourdieu decía que en el Estado contemporáneo conviven contradictoriamente un brazo izquierdo (de programas y servicios sociales) y un brazo derecho (de políticas militaristas y privatizadoras). Del Departamento de Sociología podría decirse que tiene, por una parte, un brazo izquierdo levantado en puño firme, apuntando a las numerosas injusticias del Estado, y por otra parte un brazo derecho que reposa en el bolsillo, más o menos indiferente (paradójicamente acrítico) ante  los abusos antidemocráticos de algunos grupos violentos de izquierda, a los que en ocasiones miembros del Departamento se han vinculado.

Hay que exigirle a la sociedad, y en particular a los medios masivos de comunicación, que examinen los imaginarios estigmatizantes que reproducen –consciente o inconscientemente– en sus narrativas. Pero también creo necesario superar nuestra posición pública ambigua ante las guerrillas antes de escandalizarnos cada vez que nos toman por “guerrilleros”. Si queremos desterrar el estigma debemos primero ser más claros en el rechazo de las prácticas violentas que han tenido lugar en nuestro Departamento, del mismo modo en que lo hizo la actual Dirección en un reciente comunicado sobre el caso de Mateo.

Para lograr un espantapájaros de mayor envergadura simbólica, acaso sea necesaria una previa intervención iconográfica y colectiva del Departamento, una que sustituya toda referencia a la validación política de la violencia, más allá de la afinidad ideológica que se pueda o no tener con los grupos que la reivindican.

Por: Nicolás Rudas

Imagen propia.

Procura no mirarme más…

“En Colombia quien tiene una visión crítica es calificado como un terrorista.”

“El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder.” John Steinbeck

El pasado 7 de septiembre el Consejo de Estado destituyó a Alejandro Ordoñez de su cargo debido a los problemas de clientelismo que se presentaron en su reelección, o “fallas en la votación”, para usar el eufemismo de algunos periódicos. La obligación de la Procuraduría General de la Nación consiste en defender la institucionalidad, o como algunos cruzados sostienen, en combatir la corrupción. Sin embargo, son pocos los procuradores que logran pasar a la historia como algo más que un nombre en los cargos públicos, pero Ordoñez se caracterizó por ser un hombre de polémicas incluso antes de asumir el mandato, ya que había liderado una quema de libros que, para él, podrían perturbar las mentes juveniles. Es curioso como aquí se puede decidir por los demás mientras se sostenga como estandarte la verdad en pro de la juventud, entendiendo por juventud, como erróneamente lo suelen hacer, como “el futuro de la nación” al cual hay que preservar del mal. Es claro que ésta “verdad” no es más que una opinión que, aunque respetable, no debería llevarse a los extremos. Craso error que cometió el ex-procurador durante su mandato que comenzó en 2009.

Si nos concentramos en las cifras de los destituidos (más de 1.500 alcaldes y 82 gobernadores, para los 1.123 municipios y 32 departamentos que hay en el país), se podría estar inclinado a pensar que fue efectivo en su lucha contra la corrupción, pero esto no para allí puesto que durante su cargo se pronunció frente a diversos temas y siempre desde su extremismo conservador. Lo cual conlleva a preguntarse qué tan cristalinas fueron las destituciones efectuadas, tomando en cuenta que siempre arguyó una postura fundamentalista.

Ordoñez siente que el mundo celestial le confirió ser su representante y, en esta medida, siente que puede imponerse frente a las minorías que, según él, abusan de su condición para victimizarse y obtener el poder (cualquier parecido con EEUU es pura coincidencia). El problema es que por embarcarse en la cruzada política, que parece haber tenido miras a la presidencia desde un principio, Ordoñez se dedicó a trocar favores burocráticos de los cuales terminó siendo víctima.

Insisto en que el problema no es su afinidad político-religiosa, sino el hecho de que aprovechara su cargo público para impedir que se ejercieran derechos tan fundamentales como los humanos. Como en la reciente problemática de las supuestas cartillas cuando, más allá del debate moral que aquí no atañe, lo que dio a entender es que cuando se habla de inclusión y respeto de las diferencias, lo califica como una promoción de la dictadura de las minorías. Entonces ésta univocidad moral, que es base de todo fundamentalismo, entiende el respeto como la abolición de la diferencia, lo cual es herir al otro, negarlo entre la multitud. Asimismo, Ordoñez comenzó a ser la voz de la oposición frente a las iniciativas gubernamentales, su trato burdo hacia los demás comenzó a ser característico, siendo una perla cuando afirmó que el gobierno quería meterles a los colombianos la norma de la paz con “vaselina” o calificando a las FARC de homosexuales (como si esto pudiese ser considerado como un insulto).

Ordoñez también se vio involucrado en casos como el de Miguel Ángel Beltrán, en el cual participó cuando el 3 de septiembre de 2013 lo destituyó de su cargo de profesor al basarse en las mismas mágicas evidencias del computador de Raúl Reyes, calificándolo como “Jaime Cienfuegos”. Acusación por la que había sido secuestrado en México en 2009 en una imitación moderna del Plan Cóndor. Ordoñez no se contentó con esto, puesto que el 24 de julio de 2014 confirmó ésta destitución y le prohibió ejercer un cargo público por trece años. Es triste resaltar que la gestión administrativa de la Universidad Nacional de Colombia no le brindó apoyo sino que creyó plenamente en la aseveración de la Procuraduría al tratarlo como un terrorista. En Colombia quien tiene una visión crítica es calificado como un terrorista, ésta es la evidencia del temor latente que siente el poder dominante frente a la amenaza de un cambio. Para alegría del estudiantado, quien siempre mostró su apoyo (incluso llegaron a ponerle su nombre a un salón), la Corte Suprema de Justicia ordenó recientemente la inmediata libertad del profesor de sociología.

Sin embargo, Ordoñez no fue destituido por nada de lo anterior sino por la corruptela en su reelección. La demanda final consistió en que el Procurador sostuvo en los cargos de libre nombramiento a familiares de magistrados de la Corte Suprema (violando así el artículo 126 de la Constitución) y, aprovechando esta situación, bregó por ser postulado como único en la terna para mantener el cargo. Como es típico en el uribismo, e incluso en otros sectores de la política, en vez de asumir el dictamen, aprovechó para declararse “perseguido político” y hacerse pasar por víctima de los acuerdos de la Habana. Pero se le recuerda que la demanda se estableció en enero de 2013 cuando la negociación apenas estaba en boga.

Ya hay candidatos sobre la mesa para ocupar el cargo libre, el Consejo de Estado propuso a Fernando Carrillo (ministro de Justicia del gobierno de César Gaviria que tuvo también relación con Santos en su primer mandato en el Ministerio del Interior) y por la Corte Suprema de Justicia está Jorge Fernando Perdomo (por el cual Gaviria insistió en que se le incluyera en la terna fiscal). Aún falta que el Presidente Santos juegue su pieza, sabiendo que lo que ahora necesita es un aliado del proceso de paz, pero se ve arrinconado porque el Partido Conservador no tiene tajada en esta repartición de poderes, por esto resuena el nombre de Eduardo Pizano. Sin embargo, el senador Armando Benedetti asegura que la elección no se verá trocada por ésta razón.

Aún queda por cuestionarse acerca de la campaña política de Ordoñez con miras a la presidencia, quien puede ser una carta a la que le apueste el senador Álvaro Uribe si no se decide por el senador Iván Duque o por Carlos Holmes Trujillo, o si el Partido Conservador no se arriesga con Martha Lucía Ramírez, pero por lo pronto su alternativa es una candidatura por firmas, por lo que es probable que llegue a primera vuelta. No obstante una mayoría lo repele y no todos los que lo apoyan lo hacen con fervor, así que su posibilidad aún se mantiene en el inframundo, esperemos que el Can Cerbero resista cualquier artimaña extremista.

Por: @migueltavera

Imagen tomada de: http://goo.gl/f8eIQ0