Vuelve y juega: la estigmatización de las universidades públicas

En Colombia, la estigmatización ha proporcionado el caldo de cultivo para significar a los otros como el enemigo o lo indeseable y así justificar fenómenos como el paramilitarismo y el sicariato.

El atentado en el centro comercial Andino pone de presente la necesidad de blindar el proceso de paz ante las diferentes voces que claman por un regreso de la ley del talión y la venganza a ultranza. Los hechos presentados el pasado 17 de junio vuelven a situar en la arena política la idea de la seguridad y la lucha antiterrorista. Acto seguido, se erigen banderas de lucha que toman el dolor y la zozobra colectiva para realizar proselitismo. Y, de manera irresponsable, se señala con una presunta certeza los responsables y sus adeptos. Tras el suceso las redes sociales se inundaron de denuncias, indignación y acusaciones que sostenían como autores a miembros pertenecientes al Movimiento Revolucionario Popular (MRP) vinculados con el ELN y disidentes de las FARC. Entre los defensores de esta idea se encontraron partidarios del Centro Democrático, los cuales no se detuvieron e indicaron que era necesario “sacar al presidente del terrorismo” como también que bajo el gobierno de Santos ser criminal “pagaba”. El domingo 18 de junio el periódico El Tiempo informó que la primera hipótesis de las investigaciones apuntaba a que el responsable del atentado, en efecto, podría ser un grupo llamado Movimiento Revolucionario Popular (MRP) y subrayó que dichas pesquisas habían conocido de “algunos nexos de este grupo con miembros del ELN y con extremistas de la Universidad Nacional”. La publicación causó revuelo en las redes sociales y condujo a que el rector de la Universidad Nacional rechazara la estigmatización generada por el medio de comunicación. Como enmienda a la publicación inicial el medio optó por ampliar, un poco más, su población objeto de la acusación y señaló que dichos extremistas se movían “dentro de las universidades públicas”.

Esta serie de eventos ponen nuevamente varios temas sobre la mesa. Primero, la responsabilidad de los medios de comunicación al momento de informar objetivamente; segundo, el desafío que tenemos como sociedad para derribar la polarización que se sustenta en los estigmas y acusaciones basadas en las orientaciones políticas de izquierda o derecha; tercero, la necesidad de blindar el proceso de paz y defender el valor de la vida ante el uso oportunista que le imprimen algunos actores políticos. Por último, el constante señalamiento que recae sobre las instituciones universitarias de carácter público y en especial sobre la Universidad Nacional. En Colombia, la estigmatización ha proporcionado el caldo de cultivo para significar a los otros como el enemigo o lo indeseable y así justificar fenómenos como el paramilitarismo y el sicariato. El Centro de Memoria Histórica en su informe “Limpieza social una violencia mal nombrada” ha sido enfático en advertir que el estigma marca una condición socialmente devaluada fundamental en la degradación de nuestro conflicto social y armado. El estigma social ha dinamizado nuestra polarización y encrudecido el conflicto armado. Construido sobre la disparidad entre la expectativa de un comportamiento y la realidad de las maneras como actúan algunos grupos de la sociedad, alimenta un imaginario simbólico de chivo expiatorio envuelto en un juego de amigo-enemigo. No sólo cumple con la función de condenar sino también de despojar de toda dignidad a quién es su víctima.

En el escenario político, exacerbar las pasiones es útil pues posiciona la discusión en una falsa dicotomía, difundida ampliamente por algunos sectores políticos y la cual exhorta: “o estás con nosotros o estás con los terroristas”. No obstante, la importancia de la discusión sobre la estigmatización radica en su carácter ideológico y simbólico. Así, aquellos discursos que se encuentran dotados de legitimidad y gozan de un carácter hegemónico convierten al otro en un enemigo que debe ser deshumanizado, más aún, en situaciones en las cuales los pánicos se encuentran incrementados y la única salida es la “garantía de la seguridad” o el statu quo.

El papel de los medios de comunicación cobra una importancia capital frente a dicha problemática porque las atribuciones que son difundidas mediante el estigma no hacen justicia a la verdad y, es allí donde se incita al odio por sí mismo sobre poblaciones históricamente señaladas como disidentes o críticas, en este caso, toda una serie de instituciones universitarias públicas, específicamente, sobre la Universidad Nacional. A ello se suma el imaginario social que recae sobre la población joven de estos planteles el cual no dista de una noción de “subversivo”, “revolucionario” o “mamerto”. Este último punto es de vital importancia si se tiene en cuenta las víctimas que el conflicto armado le ha cobrado a los estudiantes de universidades públicas por el simple hecho de pensarse una sociedad diferente. Para no ir muy atrás, basta con recordar las amenazas realizadas en 2015 por parte del Bloque Capital D.C de las Águilas Negras a estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional debido a su liderazgo en las jornadas de movilización frente a las problemáticas de la universidad y las campañas a favor del pensamiento crítico defendido por el profesor Miguel Angel Beltrán. Para ese mismo año la abogada Paola Salgado fue sindicada, junto a otras doce personas, de tener nexos con una organización denominada “Llamarada Mentes Libertarias” y “estructuras urbanas del ELN”. Nuevamente, los medios de circulación nacional y local señalaban a las universidades públicas como entes promotores de la insurgencia y el terrorismo, mientras olvidaban el aporte que desde estas se hace a la construcción de una sociedad más equitativa.

El suceso más reciente que retrata el señalamiento sistemático que recae sobre las instituciones de educación superior públicas tuvo lugar el sábado 24 de junio del presente año, cuando fuimos testigos de la captura de nueve estudiantes entre ellos dos abogadas y una artista plástica. El argumento es el mismo, una serie de conexiones que asocian el pensamiento crítico y el trabajo por la defensa de los derechos humanos con una práctica de extremistas e insurgentes.

El estigma que recae sobre los estudiantes y egresados de las universidades de carácter público ha justificado actos degradantes y violatorios a los derechos de humanos, llegando incluso a atropellar la presunción de inocencia y la dignidad de las personas que son estereotipadas por el discurso hegemónico del terror y el odio. A ello, se suma el hecho de que al ser encasillado como “mamerto”, “disidente” “revolucionario” y “tira piedra” la respuesta más recurrente ha sido dejar de escucharlos y perseguirlos. Situación que en últimas mantiene el bache existente en nuestra democracia marcada por un diálogo de sordos.

Manuel Alejandro Forero Figueroa. Trabajador social y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Interesado en temas de construcción de paz, promoción de derechos humanos y participación ciudadana.

Imagen tomada de: goo.gl/Wz16L8

 

Editorial: La UN frente a los estigmas

La Universidad Nacional de Colombia se ha ido alejando de los estigmas, los cuales se contraponen a la paz y al término de todas las formas de violencia política al mantenimiento de un Estado y una sociedad bautizada bajo el nombre del miedo.

La Universidad Nacional de Colombia ha jugado un papel importante en el desarrollo científico y cultural de Colombia a lo largo de sus casi ciento cincuenta años de historia, se ha posicionado como la mejor universidad del país y ha contribuido de forma sustancial a la búsqueda de la solución política al conflicto armado interno y a las transformaciones democráticas en Colombia. A pesar de esto, los medios de comunicación colombianos, acompañados de instituciones públicas y distintos círculos de poder se han empeñado en crear un estigma sobre la Universidad Nacional, y las demás universidades públicas, relacionándola con el terrorismo y otros de los males nacionales.
Son varias las consecuencias de este fenómeno. En primer lugar, el hecho que los medios de comunicación relacionen la universidad con actos terroristas desdibuja el papel que ha jugado la universidad como un agente de paz en distintos escenarios, como fue en el desarrollo de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que concluyó más de cincuenta y dos años de confrontación armada con este grupo guerrillero por medio del Acuerdo de Paz. Así mismo, la consolidación de las promesas aplazadas de la Constitución de 1991 de paz, democracia y modernidad, ampliando paulatinamente el abanico de libertades y derechos de los colombianos.
En segundo lugar, este tipo de asociaciones discursivas, en los cuales se suele sostener que los miembros de la comunidad universitaria son radicales anclados en el pasado, desconoce la libertad de pensamiento que existe en el seno de la universidad, resultado de la libertad de cátedra y la diversidad de opiniones políticas, sociales, culturales, religiosas y demás que conviven a diario en cada uno de los campus de la universidad que recorren la geografía nacional. Dejando con efecto inocuo los aportes que hace la universidad en cada una de las áreas del conocimiento, encaminadas al desarrollo del país y la solución de los problemas que lo aquejan, olvidando que la universidad, como el país, es diversa, y que tales generalizaciones no tienen cabida.
En tercer lugar, relacionar los miembros de la comunidad universitaria, prima facie, con grupos al margen de la ley, viola los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, como ocurrió con los últimos involucrados en procesos judiciales, supeditando los derechos propios del Estado Social de Derecho, en un oscuro y opaco Estado de Opinión. Así, garantías básicas como la presunción de inocencia se convierten en la presunción de culpabilidad; la vida privada se hace de pleno conocimiento a la opinión pública, afectando sus relaciones personales; los funcionarios judiciales se hacen una idea de la responsabilidad penal de los investigados, violentando la imparcialidad judicial.
En cuarto lugar, la labor que han adelantado los medios de comunicación durante los últimos años, con respecto a la Universidad Nacional, pero también en relación con distintos hechos relacionados con la administración de justicia penal han desdibujado el papel de los medios en la construcción de la opinión pública. No solo se han encargado de informar con respecto a lo que pasa, como han sido los casos de otros miembros de la comunidad, como Miguel Ángel Beltrán, o Mateo Gutiérrez, sino que además han dotado la información que transmiten con un contenido parcializado y pobremente valorado. Creando así la forma en la que las personas deben considerar los hechos, y dictando la moral y el comportamiento adecuado frente a cada evento, en los cuales se ha presentado la Universidad Nacional de una forma distorsionada.
Por último, y como respuesta a este fenómeno, la comunidad universitaria y la sociedad colombiana en su conjunto deben exigirle a los medios de comunicación de más amplia difusión responsabilidad en su labor, vital en una democracia y en un Estado Social de Derecho. La Universidad Nacional de Colombia se ha ido alejando de los estigmas, los cuales se contraponen a la paz y al término de todas las formas de violencia política al mantenimiento de un Estado y una sociedad bautizada bajo el nombre del miedo.

Eduardo Umaña Mendoza, un humanista empedernido

“La paz no puede surgir del desorden, de la guerra sin cuartel, del crimen organizado, de las estructuras caducas, de la economía sin rumbos, de la injusticia social, del abandono de la eticidad.”
José Eduardo Umaña Mendoza

“La paz no puede surgir del desorden, de la guerra sin cuartel, del crimen organizado, de las estructuras caducas, de la economía sin rumbos, de la injusticia social, del abandono de la eticidad.”

José Eduardo Umaña Mendoza  

El pasado lunes 18 de abril se cumplieron 18 años del asesinato de José Eduardo Umaña Mendoza. Abogado, defensor de derechos humanos y humanista, dedicó su vida a la búsqueda de la libertad, la dignidad y la justicia para las víctimas de crímenes de estado, principalmente. Entre sus casos más recordados está la defensa de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia (caso instaurado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en el año 2014 condenó al Estado colombiano por lo ocurrido), el asesinato de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Carlos Pizarro Leongómez o la reapertura de la investigación del magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán.

Férreo defensor de la paz y de la terminación del conflicto armado colombiano, veía en la oposición a la paz una posición absurda que ningún honor hace a mente alguna. No obstante, su visión de la paz iba más allá de las promesas y del discurso que se venían adoptando en Colombia durante la década de los 90. Umaña consideraba que la paz solo sería realizable por medio de una democracia participativa y una justicia social, elementos que desarrollarían la discusión sobre la paz como un análisis y un cambio real, so pena de convertir aquellos otros procesos de paz en una gran mentira.

Así mismo, consideraba necesario adelantar un proceso de humanización de la guerra, en donde la paz de mentiras; aquella que no tenía en cuenta las disputas sociales por una vida digna y se fundamentaba en el fin de la confrontación armada, se derrumbara con su propio peso desvelando la pantomima de la supervivencia de los colombianos y permitiendo que se pudiera hablar con dignidad, que todos pudieran participar en el proceso de humanización de la vida.

José Eduardo fue un hombre que escapó a una contradicción inherente a los defensores de derechos humanos en Colombia, la que enfrenta por una parte a la soledad que ronda la lucha por la justicia y por otra, al amor por lo que se hace. La soledad originada por la persecución política, la falta de garantías para los defensores y por un proceso penal profundamente lesivo con el principio del debido proceso (como el de los jueces sin rostro), el amor proveniente de la defensa de la dignidad, la vida, la libertad y el trabajo. Como diría su hijo, Camilo Eduardo, tenía muchas madres como esas mujeres que buscaban, con esperanza, volver a ver a sus hijos desaparecidos; tenía muchos hermanos, cada sindicalista que luchaba por sus derechos y también tenía muchos amigos, personas como él, personas que creían en un país diferente.

Reconociendo la clara injusticia del sistema judicial colombiano, los muros de hierro que se levantaban entre el preso y la justicia, veía así mismo en el derecho una herramienta para la defensa de los luchadores sociales, los que arriesgaban su vida y su libertad por los derechos de las personas.

“Ellos son los mejores defensores, la gente, el pueblo es quien debe organizarse, quien debe defenderse, nosotros somos técnicos pero ellos son realmente los jugadores, a ellos uno se les debe. El aparato de justicia está hecho para los de arriba, sus normas son para defender a los privilegiados. Los luchadores populares, los desaparecidos, los asesinados y sus familiares recorren el camino hasta llegar a encontrarse nuevamente con la impunidad, el rostro de hierro estará siempre custodiado, pero si no hacemos lo necesario, si no asumimos la defensa, no podemos defender y demostrar que ese aparato de la ‘injusticia’ es un aparato de guerra, de destrucción de los pobres, por eso es necesario defender o si no mejor renunciar.”

José Eduardo Umaña Mendoza

Hoy día, ad portas de la terminación del conflicto armado colombiano, sus ideas, análisis y críticas son, más que nunca, fundamentales para poder dibujar la ruta de un país distinto. La construcción de un nuevo derecho que no se comporte como una máquina del terror, que se utilice como herramienta política, que entienda las necesidades y las consecuencias que conllevan el sistema jurídico, de una sociedad civil que participe activamente en la política, que por medio de esta configure una paz de verdad ajustada a las necesidades de las personas y no de las élites del poder. Que posea, este nuevo derecho, un enfoque de la enseñanza y la practica fundamentados en los derechos humanos, que conciba a la dignidad, la vida, la libertad y la verdad como los mínimos sobre los cuales un nuevo país se alce sobre las cenizas de su pasado.

Coletilla: La demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue interpuesta por Enrique Rodríguez, y en calidad de co-peticionarios el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Eduardo Umaña Mendoza participó en su fundación, y colaboró con él) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Por: Carlos Ariel Bautista @cabautistag

Imagen propia.