En la búsqueda de un derecho humano importante.

Colombia todavía tiene mucho trabajo por hacer en la priorización de la educación primaria. Y ese punto es claro de evidenciar no sólo en las comunidades más aisladas de nuestro país. Nuestro gobierno y las autoridades locales le están fallando a nuestros niños.

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Quiero contarles sobre un viaje que hice hace poco, el cual fue inspirador, pero también preocupante. Estuve en La Guajira Colombiana.

Nuestro guía y su cuadrilla de motocicletas nos internaron en las profundas montañas de la Sierra Nevada. Después de 2 horas de viaje cruzando ríos, valles y panoramas increíbles, vimos a través de la espesa bruma de la mañana, lo que habíamos ido a buscar, un olvidado pueblo indígena en donde vive la comunidad Kogui.

La Guajira es una de las regiones más bellas de nuestro país. Y es el hogar de decenas de pueblos tradicionales como este. En total, son más de 500.000 personas que pertenecen a las diferentes comunidades indígenas que habitan esa parte de nuestro territorio.

Mi visita fue para ver cómo esta comunidad orgullosa y fuerte, está recibiendo apoyo de las autoridades estatales y locales para educar a sus niños. Lo que encontré me molestó; encontré un pueblo inseguro de la situación legal de la tierra en que se encuentran sus hogares.

Conocí a maestros increíbles y trabajadores que viajan hasta 4 horas todos los días para traer esperanza a los niños que con mínimos recursos intentan educar. Oí con tristeza y frustración cómo desde hace más de 11 años, las remuneraciones de esos maestros sólo se pagan por contrato de prestación de servicios y no con todos los derechos y beneficios de un contrato de tiempo completo. Ni siquiera les reconocen el auxilio de ley por trabajar en una zona de difícil acceso – y viajan hasta 4 horas desde Santa Marta para llegar a cumplir su misión de educar a esos pequeños.

Adicionalmente, un solo maestro debe educar a más de 100 niños de todos los cursos de primaria. El espacio es reducido y los recursos y materiales casi inexistentes, el resultado es que los niños no tienen el comienzo en la vida que se merecen y que es responsabilidad del estado brindarles.

Yo creo que la Educación es un derecho humano fundamental para cada niño y cada joven colombiano. Sin un sólido comienzo en la escuela, estos niños tendrán serias dificultades para conseguir un buen trabajo o llegar a tener una carrera que les permita alimentar a sus familias y cumplir sus sueños. Por el contrario, muchas veces terminan en las grandes ciudades siendo explotados por mafias que trafican con ellos.

Colombia todavía tiene mucho trabajo por hacer en la priorización de la educación primaria. Y ese punto es claro de evidenciar no sólo en las comunidades más aisladas de nuestro país. Nuestro gobierno y las autoridades locales le están fallando a nuestros niños.

En nuestra campaña #vocesporlajusticiasocial queremos destacar la importancia de la educación primaria como el derecho humano que es y hacer visibles las necesidades de los niños marginados de nuestro país.

Por: Fernando Merchan, Abogado con MBA en Oxford Brookes University. Coordinador de la campaña Voces por la Justicia social.

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¡Abajo el sociólogo tirapiedra!

Hay que exigirle a la sociedad, y en particular a los medios masivos de comunicación, que examinen los imaginarios estigmatizantes que reproducen –consciente o inconscientemente– en sus narrativas.

Con la detención el pasado 23 de febrero de Mateo Gutiérrez, un estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, se avivó al interior del Departamento un debate acerca de la estigmatización del sociólogo, es decir, la asociación generalizante del sociólogo –en especial si proviene de la Nacional– con el “subversivo”, el “tirapiedra” o meramente el “mamerto”. Basta recordar al respecto los numerosos chistes cotidianos según los cuales graduarse de sociólogo es homologable a sacar un “diploma de guerrillero”.

Alarmados, con razón, por lo pernicioso que podría resultar dicho estigma en un contexto social tan polarizado como el nuestro, hace unos días un grupo de estudiantes realizó un desagravio simbólico instalando en la entrada del Departamento de Sociología un espantapájaros con el lema: “espantando estigmas”.

Más allá de la composición estética del espantapájaros, algo muy llamativo del muñeco era lo que había detrás. En las paredes del fondo se leían tres graffitis: “yo defiendo la capucha”, “MB (Movimiento Bolivariano)”, “Farc-EP”, y unos pasos más allá había un mural de considerables dimensiones con la imagen de Camilo Torres (padre fundador del departamento) cargando un fusil al hombro.

Estas paradojas en el terreno iconográfico tendrían que motivar una seria auto-reflexión. Es necesario rechazar las generalizaciones nocivas de las que somos presas los sociólogos, pero al mismo tiempo deberíamos preguntarnos en qué medida nuestro propio Departamento ha alentado la generalización de esta imagen pública que hoy nos parece estigma.

Por décadas, la imagen del sociólogo ideal promovida por el Departamento fue, y hasta cierto punto sigue siendo, la de aquel que señala, cuestiona y desafía las injusticias cometidas por las instituciones estatales. Si lo hacía violentamente (como el último Camilo) o pacíficamente (como el último Orlando Fals Borda, el otro “padre fundador” del Departamento) no era la cuestión fundamental. Pregonando una polémica implacable con el Estado, el Departamento se representó a sí mismo genéricamente como la cuna del “pensamiento crítico”.

En parte por esta auto-representación, me parece que en Sociología (aunque esto es aplicable, con matices, a la Universidad Nacional en general) hemos experimentado una especie de “convivencia pacífica” con las organizaciones violentas de izquierda. No hay glorificación, ni tampoco complicidad abierta, pero sí hubo (y hay) una condescendencia silenciosa, una cierta ambigüedad hacia ellas desde un sector importante de estudiantes. A pesar de algunas notables excepciones, sus graffitis se preservan y los actos públicos de los grupos clandestinos universitarios fueron siempre más o menos tolerados.

Según los datos recogidos en 2013 por el proyecto “Tenemos que Hablar” en 2013 a través de una encuesta a una muestra representativa de estudiantes de la Universidad Nacional en su sede Bogotá, el 21% de la población estudiantil aprobaba los tropeles realizados por grupos encapuchados en el campus. Es decir: 1 de cada 5 estudiantes. Cifra desigualmente distribuida por facultades, siendo Ciencias Humanas una de las más altas. Allí, 1 de cada 3 estudiantes dijo aprobar los tropeles.

Pierre Bourdieu decía que en el Estado contemporáneo conviven contradictoriamente un brazo izquierdo (de programas y servicios sociales) y un brazo derecho (de políticas militaristas y privatizadoras). Del Departamento de Sociología podría decirse que tiene, por una parte, un brazo izquierdo levantado en puño firme, apuntando a las numerosas injusticias del Estado, y por otra parte un brazo derecho que reposa en el bolsillo, más o menos indiferente (paradójicamente acrítico) ante  los abusos antidemocráticos de algunos grupos violentos de izquierda, a los que en ocasiones miembros del Departamento se han vinculado.

Hay que exigirle a la sociedad, y en particular a los medios masivos de comunicación, que examinen los imaginarios estigmatizantes que reproducen –consciente o inconscientemente– en sus narrativas. Pero también creo necesario superar nuestra posición pública ambigua ante las guerrillas antes de escandalizarnos cada vez que nos toman por “guerrilleros”. Si queremos desterrar el estigma debemos primero ser más claros en el rechazo de las prácticas violentas que han tenido lugar en nuestro Departamento, del mismo modo en que lo hizo la actual Dirección en un reciente comunicado sobre el caso de Mateo.

Para lograr un espantapájaros de mayor envergadura simbólica, acaso sea necesaria una previa intervención iconográfica y colectiva del Departamento, una que sustituya toda referencia a la validación política de la violencia, más allá de la afinidad ideológica que se pueda o no tener con los grupos que la reivindican.

Por: Nicolás Rudas

Imagen propia.

Por qué la problemática ambiental NO es una problemática estatal

La producción tecnológica hace parte del mercado, por esto, en la actualidad la demanda exige una producción sostenible que solo los científicos innovando y sin regulaciones estatales sabrán satisfacer.

Aunque un gobierno haga una ley dando permiso a los burros para que vuelen, no por eso a los burros les saldrán alas.” Jorge Loring Miró S.J.

En la actualidad, hablar sobre el medio ambiente es hablar sobre una problemática que aqueja a cada habitante del planeta tierra, por esto, en los últimos 50 años ha habido un incremento exponencial en la exposición y preocupación por el calentamiento global y por la explotación de distintos recursos finitos. Pero, ¿quién nos puede asegurar que esta problemática es política-moral y no científica-tecnológica?

Los movimientos ambientalistas son una oposición a las empresas encargadas de generar daños ambientales, pero no pasan de eso, de ser una oposición sin propuesta alguna a las problemáticas de las que se aquejan. Estos movimientos buscan pedir regulaciones estatales que acaben con los daños ambientales y la explotación de los recursos finitos, pero si el Estado regula estas empresas, ¿no estaría condenando a su país al subdesarrollo deteniendo el avance tecnológico? Es apropiado recordar que la tecnología ha sido la única capaz de detener enfermedades, muertes, epidemias y demás problemáticas que le ha generado el planeta tierra a la raza humana en los últimos siglos. Los científicos han logrado dominar la naturaleza para que esta esté a favor de las necesidades de los humanos. El mundo nunca ha tenido tan buenos estándares de vida como los tiene actualmente.

La innovación tecnológica va de la mano con el desarrollo económico y la prosperidad en un territorio, además es la única capaz de acabar con la explotación de los recursos finitos y de evitar los daños ambientales pasando a un modo de producción más amigable con el medio ambiente. La producción tecnológica hace parte del mercado, por esto, en la actualidad la demanda exige una producción sostenible que solo los científicos innovando y sin regulaciones estatales sabrán satisfacer, porque estas restricciones solo harán que los daños ambientales pasen a manos de empresas ilegales como ya sucede en distintos países que presentan estas regulaciones.

Más allá de detener el avance tecnológico, ¿qué podría hacer el Estado para fomentar este desarrollo sostenible? Hacer asociaciones público-privadas para fomentar la investigación científica en cada país pasando a un modo de producción más verde y reduciendo así los daños ambientales. Basta con traer modelos ambientales prósperos de otros países, como los de los países nórdicos, en los cuales por ejemplo, se recicla el 100% de las basuras, y además se usa el metano liberado para generar combustibles. Por último, las soluciones empiezan en casa: qué tal si se empieza a reciclar, a gastar menos luz y menos agua, si se deja de botar basuras en las calles, si se dejan de usar bolsas plásticas para hacer el mercado. Las soluciones están. Basta aplicarlas, ya sea desde asociaciones público-privadas para fomentar la innovación, y/o desde un ámbito ciudadano para contribuir con el medio ambiente.

Por: Martín Sánchez

Imagen tomada de: http://turismerk.com