En la búsqueda de un derecho humano importante.

Colombia todavía tiene mucho trabajo por hacer en la priorización de la educación primaria. Y ese punto es claro de evidenciar no sólo en las comunidades más aisladas de nuestro país. Nuestro gobierno y las autoridades locales le están fallando a nuestros niños.

Quiero contarles sobre un viaje que hice hace poco, el cual fue inspirador, pero también preocupante. Estuve en La Guajira Colombiana.

Nuestro guía y su cuadrilla de motocicletas nos internaron en las profundas montañas de la Sierra Nevada. Después de 2 horas de viaje cruzando ríos, valles y panoramas increíbles, vimos a través de la espesa bruma de la mañana, lo que habíamos ido a buscar, un olvidado pueblo indígena en donde vive la comunidad Kogui.

La Guajira es una de las regiones más bellas de nuestro país. Y es el hogar de decenas de pueblos tradicionales como este. En total, son más de 500.000 personas que pertenecen a las diferentes comunidades indígenas que habitan esa parte de nuestro territorio.

Mi visita fue para ver cómo esta comunidad orgullosa y fuerte, está recibiendo apoyo de las autoridades estatales y locales para educar a sus niños. Lo que encontré me molestó; encontré un pueblo inseguro de la situación legal de la tierra en que se encuentran sus hogares.

Conocí a maestros increíbles y trabajadores que viajan hasta 4 horas todos los días para traer esperanza a los niños que con mínimos recursos intentan educar. Oí con tristeza y frustración cómo desde hace más de 11 años, las remuneraciones de esos maestros sólo se pagan por contrato de prestación de servicios y no con todos los derechos y beneficios de un contrato de tiempo completo. Ni siquiera les reconocen el auxilio de ley por trabajar en una zona de difícil acceso – y viajan hasta 4 horas desde Santa Marta para llegar a cumplir su misión de educar a esos pequeños.

Adicionalmente, un solo maestro debe educar a más de 100 niños de todos los cursos de primaria. El espacio es reducido y los recursos y materiales casi inexistentes, el resultado es que los niños no tienen el comienzo en la vida que se merecen y que es responsabilidad del estado brindarles.

Yo creo que la Educación es un derecho humano fundamental para cada niño y cada joven colombiano. Sin un sólido comienzo en la escuela, estos niños tendrán serias dificultades para conseguir un buen trabajo o llegar a tener una carrera que les permita alimentar a sus familias y cumplir sus sueños. Por el contrario, muchas veces terminan en las grandes ciudades siendo explotados por mafias que trafican con ellos.

Colombia todavía tiene mucho trabajo por hacer en la priorización de la educación primaria. Y ese punto es claro de evidenciar no sólo en las comunidades más aisladas de nuestro país. Nuestro gobierno y las autoridades locales le están fallando a nuestros niños.

En nuestra campaña #vocesporlajusticiasocial queremos destacar la importancia de la educación primaria como el derecho humano que es y hacer visibles las necesidades de los niños marginados de nuestro país.

Por: Fernando Merchan, Abogado con MBA en Oxford Brookes University. Coordinador de la campaña Voces por la Justicia social.

Facebook: https://www.facebook.com/FernandoMerchanRamos/

Twitter : @FernandoMerchanR

Instagram: fernandomerchanramos

Blog : https://vocesporlajusticiasocial.wordpress.com/

Email: fernandomerchanjusticia@gmail.com

 

El demonio de la privatización – Caso ETB

La situación con ETB muestra un problema estructural de la ciudad y es la pobre continuidad en las políticas públicas.

Cada vez que se insinúa la intención de enajenar parte de cualquier bien público, empiezan a saltar de preocupación algunas personas que creen que eso es un sacrilegio, que es un atentado contra el bienestar de la sociedad y que la sola propuesta altera la estabilidad de un estado de derecho y su vocación de servir a sus ciudadanos, no es un preocupación exclusiva de una izquierda radical, en el colombiano promedio este tipo de determinaciones son sinónimo de corrupción, para ellos privatizar es lo mismo que robarle al estado.

Claro que también existe el otro extremo, el que cree que toda empresa pública es un despilfarro de dinero e impuestos y que todas ellas están cooptadas por políticos corruptos y sindicatos zánganos y parásitos que las exprimen hasta dejarlas desahuciadas y en los huesos. Esta es una tesis que tomó alto vuelo en los 90’s, ante las grandes expectativas que trajo la caída del comunismo y la apertura que ofrecía una nueva constitución, parecía que todo era posible y el gobierno se dedicó a privatizar indiscriminadamente todo lo que tenía en sus manos, a la postre, esta apertura sin control y la baja competitividad de la región latinoamericana, llevaron al subcontinente a una aguda crisis de inflación y recesión, y a un traumático cierre de siglo.

Sin embargo, aquí el pecado no es privatizar o querer impedirlo, el pecado es tomar posiciones radicales sin tener elementos de juicio suficientes para hacerlo, lamentablemente muchas personas ya han elegido de antemano y de manera general, o bien que la privatización es un atentado contra la sociedad, o bien que es la única solución posible ante los problemas de ineficiencia que padecen muchas empresas públicas, y el caso es que la realidad de cada empresa es muy diferente, sus proyecciones son diferentes, su rentabilidad es diferente, su compromiso social es diferente, su importancia estratégica es diferente, decidirse en uno u otro sentido con la poca información disponible es, cuando menos, irresponsable y facilista.

El problema es que no conocemos a ciencia cierta la situación contractual de la empresa, hay datos ‘objetivos’ que pueden apoyar cualquier postura, se puede decir que la empresa ha tenido rendimientos muy bajos durante los últimos años y algunos hasta han generado pérdidas, se puede decir que la anterior alcaldía le inyectó 2 billones de pesos de capital y hoy la empresa vale incluso menos que eso según su valor en la bolsa, se puede decir que la empresa cada año termina con menos suscriptores que el año inmediatamente anterior y cada vez tiene una menor participación en el mercado, todos estos datos fácilmente verificables, pero también se puede justificar toda esta situación recordando que la empresa está pasando por un proceso de modernización y reestructuración que la ha llevado a contar con un fantástico servicio de fibra óptica que se puede jactar de ser el más veloz y estable del mercado a un precio bastante competitivo, además de presentar una acelerada expansión de su red móvil 4G, y que esos bajos rendimientos en los últimos años son normales pero que la empresa tiende una proyección muy positiva hacia el futuro. Sin embargo, la ciudadanía no conoce informes que ayuden a justificar de manera objetiva esa mirada optimista del devenir de la empresa hacia los próximos años, si bien su red ha crecido de una manera considerable, sólo ha logrado capturar el 4% de sus nuevos clientes potenciales y, con su base de 390 mil usuarios, está muy lejos de cumplir la meta de 5 millones en 5 años.

Pero la discusión real no debería ser sobre rendimientos y proyecciones sino sobre el para qué se quiere privatizar, es algo que se ha manejado de muy mala manera por el gobierno de Bogotá el cual, en un tono que más parece de chantaje, ha anunciado que las grandes inversiones que la ciudad necesita en materia social no podrán llegar a ejecutarse si no se permite la venta de este activo. Esta es una actitud que, con mucha razón, ha generado indignación en la ciudadanía, más aun cuando se sabe que la verdadera intención es usar ese dinero en extender la red de Transmilenio, lo cual no es necesariamente algo malo, pero sí se muestra algo deshonesta la forma en que se le vende la idea a la gente; la inversión en infraestructura generalmente es un buen negocio, por eso es que la ciudad está dispuesta a endeudarse por 20 años para hacer una línea de metro y la nación vendió ISAGEN para impulsar su proyecto de autopistas 4G, y es basado en esto que se debería determinar si la privatización vale la pena o no.

Hoy la ingeniería económica cuenta con numerosas herramientas para conocer la rentabilidad de proyectos de la más diversa índole, si un estudio minucioso en ese campo determina que la inversión en extender la red de transporte genera un mayor retorno que la que podría producir una empresa de telecomunicaciones, pues la operación valdría la pena.

La situación con ETB muestra un problema estructural de la ciudad y es la pobre continuidad en las políticas públicas, no tiene sentido que la anterior alcaldía haya triplicado el capital de la empresa y esta alcaldía quiera venderla por menos de lo que se invirtió en la anterior administración, en mi opinión, si ya la ciudad se la jugó por fortalecer la ETB pues hay que seguir ese camino, personalmente he sido cliente tanto del servicio fijo como móvil y he sido testigo de la franca mejoría en su calidad.

Por otro lado, creo que el conseguir un socio estratégico podría ser una buena idea, eso fue lo que convirtió a la EEB, después de estar al borde de la quiebra, en una de las compañías energéticas más grandes de latinoamérica; cuando hay plata de privados en un negocio, ellos son muy diligentes para ver que no se roben ni se desperdicien sus recursos y que haya una gestión más eficiente, es mejor que cualquier organismo de control, así que una solución intermedia de privatizar sólo una parte de la empresa podría ser una solución que liberara recursos para inversión y que mantuviera generando dividendos para la ciudad en una empresa que, bien manejada, podría seguir creciendo.

A modo de conclusión, independientemente de la determinación que se tome, la alcaldía debe cambiar de actitud frente al manejo que se le está dando a la compañía, el menospreciar la empresa y el anunciar valores de venta de antemano sólo va en contravía de su posible apreciación y su capacidad de atraer el interés de actores privados, además de hundirla en un espiral de abandono y declive, no puede ser que las mezquindades políticas vayan en detrimento del patrimonio de todos los bogotanos, ya en el pasado vivimos una situación similar cuando los gobiernos abandonaron la extensión, optimización y atención de Transmilenio como estrategia para justificar la necesidad del metro, no debe repetirse esa historia.

Algo adicional. Se está diciendo mucho en redes sociales acerca de la desfinanciación que sufriría la Universidad Distrital en caso de que se concretara la venta, esto no es cierto puesto que, en primer lugar, lo que recibe la universidad por concepto de los dividendos producidos por las acciones de la cual es dueña en ETB no llega ni al 0,3% de su presupuesto total y, en segundo lugar, lo que se vendería sería la participación accionaria del distrito que no tiene nada que ver con la propiedad de las acciones que tiene la universidad. Otra cosa, Claro tampoco podría ser comprador de esta empresa puesto que cuenta con una situación muy aventajada en el mercado y las leyes antimonopolio lo impedirían.

Algunos documentos sobre la proyección de ETB hacia el futuro y sus informes financieros:

http://www.etb.com.co/inversionistas/docs/2016-04-28_fitch.pdf

http://etb.com.co/inversionistas/Dividendos.aspx

http://etb.com.co/inversionistas/Informacion_Financiera.aspx

Por: Julio César Vásquez @quoddixi

Imagen tomada de: goo.gl/fMQ3uV

Odebrecht: El descarado “tapen-tapen” de Santos y Uribe

En las últimas décadas quienes han mal gobernado Colombia no solo se han turnado el poder y repartido por igual los puestos en cada gobierno, sino que lograron convertir las entidades de control en comisiones de aplausos y desvíos de investigaciones, con el fin de perpetuar “el tapen-tapen” que ha caracterizado a la justicia nacional.

El caso Odebrecht sintetiza las principales características de la economía y política nacional: un modelo corrupto que utiliza los impuestos de los colombianos para privilegiar las rentas de enormes firmas, magnates nacionales y foráneos junto con un modelo político que nos ponen a elegir entre candidatos, que pintan como diferentes, pero representan los mismos intereses de estos grandes poderes económicos.

Odebrecht giró 11 billones de dólares en sobornos a Colombia, algunos fueron para que esta firma se quedara con el contrato Ruta del Sol 2, que podría ser el proyecto de infraestructura vial más importante de la década. Gracias a Santos junto con Vargas Lleras a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y la Superintendencia de Industria, se permitió dar por terminado este contrato, en vez de declarar caducidad del mismo, lo que significa que a pesar del claro desvío de recursos públicos, estas empresas pueden seguir contratando como si nada. De este proyecto no solo se benefició Odebrecht (441 mil millones de pesos) sino también Episol, filial de Corficolombiana de Sarmiento Angulo (235 mil millones).

Otro proyecto en investigación es el adjudicado a Navelena (empresa de Odebrecht), que recibió un préstamo irregular del Banco Agrario por $120 mil millones de pesos para la recuperación del río Magdalena.

Al parecer los sobornos no se quedaron en las entidades que adjudicaron los contratos, sino que escalaron hasta los mismos candidatos presidenciales. Se vienen destapando nuevas pruebas donde se demostraría cómo Odebrecht financió las campañas uribistas de los candidatos Santos en 2010 y Oscar Iván Zuluaga en 2014, así como la campaña de Santos del mismo año.

Lo más grave es que las entidades de control hacen el esfuerzo de cubrir las evidentes irregularidades en los casos señalados, como se comprueba con la vinculación del Fiscal Néstor Humberto Martínez quién tiene enormes conflictos de intereses en investigar estos casos. Por un lado, intervino indirectamente en la realización de la adjudicación de la Ruta del Sol, al aprobar el CONPES 3817 de 2014 como Ministro de la Presidencia de Santos que permitió la adición para ese proyecto.

Por el otro, su firma MNA (Martínez Abogados) aparece en dos asesorías a la Ruta del Sol en los años 2012 y 2015, y realizó concepto de asesoría del año 2015 para Navelena, dirigido al Banco Agrario con sello de recibido de Odebrecht. Tan irrefutables y contundentes son las denuncias del senador Robledo, que Martínez, en un claro ejemplo de desespero y politiquería señala al senador de estar en campaña presidencial al realizar estas denuncias. No es más que una cortina de humo por parte del Fiscal, como dice Antonio Caballero y trata por bobos a todos los colombianos al negar su impedimento con un testimonio que dice que en el crédito a Navelena “por error se incluyó logo de Martínez Neira Abogados”.

En las últimas décadas quienes han mal gobernado Colombia no solo se han turnado el poder y repartido por igual los puestos en cada gobierno, sino que lograron convertir las entidades de control en comisiones de aplausos y desvíos de investigaciones, con el fin de perpetuar “el tapen-tapen” que ha caracterizado a la justicia nacional. Los colombianos nos cansamos de que los mismos con las mismas se salgan con la suya, y que por medio de mecanismos legales e ilegales hundan en la miseria, la pobreza y la corrupción a Colombia para beneficiar los intereses de unos pocos.

Por: Diego Cortés.

Imagen tomada de: https://goo.gl/ehxEHs

La banalidad del mal en Colombia

(…) La Casa Arana, una próspera empresa cauchera, operó en el Amazonas colombo-peruano. Esta empresa mutiló y sometió a la esclavitud a miles de indígenas por décadas. Pero sólo fue hasta 1924 con la publicación de La vorágine que el país le dio relevancia al tema.

El siglo XX fue un periodo para pensarnos como Nación: desde el inicio de la centuria hasta finales de la década del treinta, la Casa Arana, una próspera empresa cauchera, operó en el Amazonas colombo-peruano. Esta empresa mutiló y sometió a la esclavitud a miles de indígenas por décadas. Pero sólo fue hasta 1924 con la publicación de La vorágine que el país le dio relevancia al tema.

A mediados del siglo pasado, entre 1946 y 1957, en Colombia se vivió la Violencia, una pseudoguerra amañada y borracha entre los partidos tradicionales que pusieron de moda el corte de franela a lo largo y ancho del país, pero nadie, más que unos cuantos literatos, se dignaron a estudiar y denunciar la barbarie. Fue hasta 1962 que Guzmán, Umaña y Flas le mostraron al país las dimensiones y características de su realidad.

Termina la Violencia, una nueva forma de violencia sacudió al país. Mediante bombas y sicarios, los narcotraficantes financiaron su bonanza de muertos e hicieron de este país el estereotipo del paraíso droga.

Cerrando el siglo, los paramilitares se extendieron por el territorio nacional, mediante masacres y asesinatos selectivos, se hicieron con poder suficiente para entrar al Congreso durante el principio del nuevo siglo. Solo una década y media después, comenzamos a entender que pasó durante los años de la Casa Castaño.

Una mirada excesivamente rápida de nuestra historia lleva preguntarnos: ¿Por qué los gobiernos de turno y los colombianos de a pie parecen no haber hecho nada para evitar las catástrofes? La respuesta es simple: en Colombia banalizamos el mal. Pero, ¿qué es la banalidad del mal?

En 1963, Hannah Arendt publica Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal, un largo ensayo en el que la filósofa trata de encontrar, a partir de su narración del juicio del Estado de Israel contra Adolf Eichmann (un ex miembro del partido Nazi), una respuesta a la explicación para los actos de total vileza e inhumanidad con los cuales se perpetró la Solución Final.

Pero la banalidad del mal va más allá del Holocausto, Arendt no se limita a explicar por qué los miembros del partido nazi llevaron a cabo el genocidio sino que de forma paralela intenta analizar por qué el pueblo alemán toleró ese terrible episodio de su historia.

Debemos preguntarnos entonces, ¿hemos banalizado el mal en Colombia? La respuesta es sí. Y no solo la banalizaron quieres perpetraron los asesinatos, las masacres, las violaciones y demás crímenes, sino que todos los demás lo banalizamos al volverlo común. Nos acostumbramos a las historias de la muerte y a los desplazados, trivializamos el mal y derretimos la humanidad de millones de víctimas.

Lo peor es que seguimos haciéndolo. Llevamos más de 50 años en guerra, una guerra que en 2013 ya  iba en 5,5 millones de víctimas. Personas que en muchos casos no conocemos, no imaginamos y no nos importan. La maldad y la corrupción se hicieron tan cotidianas que nos limitamos a comentarlas con algo de incredulidad, pero no sentimos nada,  y así seguimos aceptando esta oscura etapa de nuestra historia. Usando eufemismos para hacernos la vida menos vergonzante.

Arendt decía que es parte del hombre sus pulsiones hacia la maldad. No se trata de hombres y mujeres con enfermedades atávicas, sino de seres humanos en contextos donde es fecunda la semilla del odio. Lamentablemente, Colombia es una tierra buena y fructífera con climas tropicales y andinos; listos para sembrarlos con balas.

Por: Juan Pablo Parra @parra95

Imagen tomada de: goo.gl/YtBEFU

Procura no mirarme más…

“En Colombia quien tiene una visión crítica es calificado como un terrorista.”

“El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder.” John Steinbeck

El pasado 7 de septiembre el Consejo de Estado destituyó a Alejandro Ordoñez de su cargo debido a los problemas de clientelismo que se presentaron en su reelección, o “fallas en la votación”, para usar el eufemismo de algunos periódicos. La obligación de la Procuraduría General de la Nación consiste en defender la institucionalidad, o como algunos cruzados sostienen, en combatir la corrupción. Sin embargo, son pocos los procuradores que logran pasar a la historia como algo más que un nombre en los cargos públicos, pero Ordoñez se caracterizó por ser un hombre de polémicas incluso antes de asumir el mandato, ya que había liderado una quema de libros que, para él, podrían perturbar las mentes juveniles. Es curioso como aquí se puede decidir por los demás mientras se sostenga como estandarte la verdad en pro de la juventud, entendiendo por juventud, como erróneamente lo suelen hacer, como “el futuro de la nación” al cual hay que preservar del mal. Es claro que ésta “verdad” no es más que una opinión que, aunque respetable, no debería llevarse a los extremos. Craso error que cometió el ex-procurador durante su mandato que comenzó en 2009.

Si nos concentramos en las cifras de los destituidos (más de 1.500 alcaldes y 82 gobernadores, para los 1.123 municipios y 32 departamentos que hay en el país), se podría estar inclinado a pensar que fue efectivo en su lucha contra la corrupción, pero esto no para allí puesto que durante su cargo se pronunció frente a diversos temas y siempre desde su extremismo conservador. Lo cual conlleva a preguntarse qué tan cristalinas fueron las destituciones efectuadas, tomando en cuenta que siempre arguyó una postura fundamentalista.

Ordoñez siente que el mundo celestial le confirió ser su representante y, en esta medida, siente que puede imponerse frente a las minorías que, según él, abusan de su condición para victimizarse y obtener el poder (cualquier parecido con EEUU es pura coincidencia). El problema es que por embarcarse en la cruzada política, que parece haber tenido miras a la presidencia desde un principio, Ordoñez se dedicó a trocar favores burocráticos de los cuales terminó siendo víctima.

Insisto en que el problema no es su afinidad político-religiosa, sino el hecho de que aprovechara su cargo público para impedir que se ejercieran derechos tan fundamentales como los humanos. Como en la reciente problemática de las supuestas cartillas cuando, más allá del debate moral que aquí no atañe, lo que dio a entender es que cuando se habla de inclusión y respeto de las diferencias, lo califica como una promoción de la dictadura de las minorías. Entonces ésta univocidad moral, que es base de todo fundamentalismo, entiende el respeto como la abolición de la diferencia, lo cual es herir al otro, negarlo entre la multitud. Asimismo, Ordoñez comenzó a ser la voz de la oposición frente a las iniciativas gubernamentales, su trato burdo hacia los demás comenzó a ser característico, siendo una perla cuando afirmó que el gobierno quería meterles a los colombianos la norma de la paz con “vaselina” o calificando a las FARC de homosexuales (como si esto pudiese ser considerado como un insulto).

Ordoñez también se vio involucrado en casos como el de Miguel Ángel Beltrán, en el cual participó cuando el 3 de septiembre de 2013 lo destituyó de su cargo de profesor al basarse en las mismas mágicas evidencias del computador de Raúl Reyes, calificándolo como “Jaime Cienfuegos”. Acusación por la que había sido secuestrado en México en 2009 en una imitación moderna del Plan Cóndor. Ordoñez no se contentó con esto, puesto que el 24 de julio de 2014 confirmó ésta destitución y le prohibió ejercer un cargo público por trece años. Es triste resaltar que la gestión administrativa de la Universidad Nacional de Colombia no le brindó apoyo sino que creyó plenamente en la aseveración de la Procuraduría al tratarlo como un terrorista. En Colombia quien tiene una visión crítica es calificado como un terrorista, ésta es la evidencia del temor latente que siente el poder dominante frente a la amenaza de un cambio. Para alegría del estudiantado, quien siempre mostró su apoyo (incluso llegaron a ponerle su nombre a un salón), la Corte Suprema de Justicia ordenó recientemente la inmediata libertad del profesor de sociología.

Sin embargo, Ordoñez no fue destituido por nada de lo anterior sino por la corruptela en su reelección. La demanda final consistió en que el Procurador sostuvo en los cargos de libre nombramiento a familiares de magistrados de la Corte Suprema (violando así el artículo 126 de la Constitución) y, aprovechando esta situación, bregó por ser postulado como único en la terna para mantener el cargo. Como es típico en el uribismo, e incluso en otros sectores de la política, en vez de asumir el dictamen, aprovechó para declararse “perseguido político” y hacerse pasar por víctima de los acuerdos de la Habana. Pero se le recuerda que la demanda se estableció en enero de 2013 cuando la negociación apenas estaba en boga.

Ya hay candidatos sobre la mesa para ocupar el cargo libre, el Consejo de Estado propuso a Fernando Carrillo (ministro de Justicia del gobierno de César Gaviria que tuvo también relación con Santos en su primer mandato en el Ministerio del Interior) y por la Corte Suprema de Justicia está Jorge Fernando Perdomo (por el cual Gaviria insistió en que se le incluyera en la terna fiscal). Aún falta que el Presidente Santos juegue su pieza, sabiendo que lo que ahora necesita es un aliado del proceso de paz, pero se ve arrinconado porque el Partido Conservador no tiene tajada en esta repartición de poderes, por esto resuena el nombre de Eduardo Pizano. Sin embargo, el senador Armando Benedetti asegura que la elección no se verá trocada por ésta razón.

Aún queda por cuestionarse acerca de la campaña política de Ordoñez con miras a la presidencia, quien puede ser una carta a la que le apueste el senador Álvaro Uribe si no se decide por el senador Iván Duque o por Carlos Holmes Trujillo, o si el Partido Conservador no se arriesga con Martha Lucía Ramírez, pero por lo pronto su alternativa es una candidatura por firmas, por lo que es probable que llegue a primera vuelta. No obstante una mayoría lo repele y no todos los que lo apoyan lo hacen con fervor, así que su posibilidad aún se mantiene en el inframundo, esperemos que el Can Cerbero resista cualquier artimaña extremista.

Por: @migueltavera

Imagen tomada de: http://goo.gl/f8eIQ0