¡Todos los políticos son iguales!

Ha permeado la convicción más íntima y profunda de que la democracia se ha convertido en una disputa sin tregua por la distribución del poder y el reparto burocrático

Anuncios

En Colombia a menudo pronunciamos esta expresión y a pesar de que exterioriza de forma clara las percepciones, sentimientos e ideas que se tienen de la clase política en general, los dirigentes que la conforman no se estremecen. Pero ¿Cuál es la razón para que no les impresione una manifestación que podría desestabilizar el poder que detentan?, ¿Existe un reconocimiento de que son representantes o mandatarios de la nación?

Ríos de tinta han confluido para legitimar la presencia del Estado, influyentes teóricos han acompañado ideológicamente las diversas formas de organización político-jurídica de las sociedades humanas, las construcciones teóricas son tan brillantes y coherentes que son adaptadas e incluidas en el Derecho Positivo.

Vale la pena recordar por ejemplo a Jean Jacques Rousseau, el teórico de la soberanía popular, del contrato social, defensor de la concepción de democracia antigua, esto es, del poder legítimo radicado en el pueblo como actor libre y protagonista de su propio destino, y opositor de la concepción moderna de democracia, es decir, del poder legitimado por las mayorías, que se caracteriza por estar subordinado a la voluntad de los “representantes” y que convierte al pueblo en un simple espectador de las decisiones que se toman en su nombre.

A Benjamín Constant, quien diferenció el concepto de libertad antigua de la moderna, señalando que la libertad en los antiguos se encontraba determinada por el ejercicio directo de los derechos políticos, por la participación activa que tomaba cada ciudadano en la soberanía, por el reconocimiento individual del valor del sufragio como parte esencial de la importancia personal e influencia real en la administración del Estado, mientras a la libertad moderna la identifica con el goce pleno y absoluto de los derechos civiles e individuales y el ejercicio del sufragio restringido – democracia indirecta o gobierno representativo-.

Pero ¿qué sentido tiene recordar a Rousseau y Constant?, sin duda no tengo otro objetivo que difundir la idea de que a partir del momento que el pueblo dejó de deliberar y gobernar de forma directa y lo hace a través de sus representantes perdió su libertad política.

A los representantes se les otorga un voto de confianza para que promuevan el interés general; sin embargo, de manera constante ese voto de confianza se ve defraudado, nuestros representantes se comprometen con intereses particulares e inclusive individuales, el fenómeno de la corrupción se propaga en cada rincón de nuestro país y pese a la incalculable producción normativa para menguar este fenómeno, ninguna pena resulta suficiente ni siquiera para disminuir sus proporciones, circunstancia que da lugar a que los Colombianos asumamos una posición pesimista y de indiferencia frente a la política, que en manera alguna desestabilizaría el poder que detentan.

En efecto, la desconfianza generalizada de la población Colombiana en el gobierno representativo, si bien es cierto ha originado acciones de resistencia -actos de oposición o protesta- ha permeado la convicción más íntima y profunda de que la democracia se ha convertido en una disputa sin tregua por la distribución del poder y el reparto burocrático, generando actitudes de conformismo; inclusive, pareciera como si hubiéramos desarrollado la capacidad para soportar y aceptar las dolorosas vivencias de la violencia, la exclusión y la pobreza que enfrenta el país, como si nuestras conciencias se embelesaran y dejaran de añorar la libertad política, libertad que nos permite tomar partido de la vida misma, de las decisiones que nos afectan.

Por @luzdayancaballero Abogada Universidad Católica de Colombia; con Especialización en la Universidad Externado de Colombia.

Rodrigo ‘el sucio’

Rodrigo Duterte fue elegido presidente de Filipinas a mediados de 2016 bajo la promesa de erradicar el crimen y el narcotráfico del país. Desde su ascenso al mandato, las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía y grupos paramilitares han cobrado la vida de más 7000 personas -entre presuntos traficantes de drogas y consumidores. Las víctimas suelen ser jóvenes pertenecientes a los segmentos más pobres y marginalizados de las principales ciudades, están incluidas en una ‘lista negra’ confeccionada por las autoridades locales en base a habladurías y rumores sin verificación judicial.

Según un reporte de Amnistía Internacional en el contexto de la política antinarcóticos del señor Duterte la Policía Nacional Filipina ha pagado a sicarios 100 dólares por el asesinato de cada consumidor de narcóticos y una suma entre 200 y 300 por cada supuesto traficante; se ha documentado también que agentes de la policía plantan evidencia -como armas y narcóticos- en las escenas del delito para justificar en los reportes su accionar delictivo,  ejecutan sospechosos a sangre fría y comenten saqueos en las propiedades de las víctimas.

Naturalmente, la cruenta guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte ha despertado preocupación: la ONU  protestó  enérgicamente, y en la prensa liberal a lo largo del globo hay varios reportes espeluznantes sobre los abusos de la policía en contra la población civil. No obstante, dentro del país goza con un firme apoyo, más del 70% de los filipinos aprueba su gestión. ¿Por qué?

Democracia disfuncional

Filipinas es una democracia liberal desde el derrocamiento del general Ferdinand Marcos en 1986. Sin embargo, sus instituciones son precarias. Hablando del sistema de justicia, se estima en 600.000 el número de procesos que están represados en las cortes por falta de jueces, a lo largo de un año en promedio un fiscal debe hacerse cargo de 500 casos y un defensor público atender a 5000 clientes.

De otro lado, la posición geográfica del Archipiélago de Filipinas la convertido el país en un corredor estratégico en el tráfico de drogas. Filipinas ha vivido una epidemia de violencia en sus calles por cuenta de bandas criminales disputándose el control del mercado de metanfetaminas. Como resultado de la crisis de seguridad los problemas del sistema de justicia continúan empeorando: la impunidad es altísima y las cárceles están desbordas por miles de presos a la espera de juicio.

Ante este panorama caótico es apenas obvio que la legitimidad de las instituciones tradicionales se desmorone y sea tentador para el público entregar poderes ilimitados a un líder carismático bajo la promesa de recuperar la seguridad.

Rodrigo Duterte es para los filipinos alguien como Dirty Harry, un policía duro e implacable, dispuesto hacer lo que sea necesario para darle castigo a los criminales, incluso si eso implica pasar por encima de la ley; el debido proceso y los derechos humanos, más que garantías de las libertades negativas de los individuos, son percibidos como un ‘escudo’ utilizado por los delincuentes para evadir la acción de las autoridades.

¿Traerá paz y seguridad al país la feroz política antinarcóticos del señor Duterte?

Aunque supusiéramos que su guerra contra las drogas tuviera éxito reduciendo el tráfico y el consumo de estupefacientes – algo bastante difícil de pensar si revisamos el caso de Tailandia, un país que emprende una guerra similar desde el 2003 con resultados realmente pobres- los efectos en el largo plazo para la cultura política de los filipinos serán desastrosos: las fuerzas policiales seguirán cometiendo abusos en contra de la población y la legitimidad de las instituciones estatales se deteriorará aún más sucesivamente.

La solución a los problemas de seguridad originados por el narcotráfico en Filipinas no pasa por la ejecución extrajudicial de miles de personas, sino por una reforma integral del sistema de justicia y la reorientación de los recursos de la policía, en lugar de enfocarse en el pago de recompensas a sicarios y la ejecución de traficantes de poca monta los esfuerzos de las fuerzas de seguridad deberían estar orientadas en operaciones de inteligencia que permitan desmantelar  las bandas criminales generadoras de violencia.

Tu mejor amigo

Déjame presentarte a un amigo. Tu mejor amigo. El mejor amigo que jamás tendrás (…) Estoy hablando del Artículo 13 de nuestra Constitución Política.

Déjame presentarte a un amigo. Tu mejor amigo. El mejor amigo que jamás tendrás. No puedes reconocerlo, pero él es tu amigo. Él es constante, leal y siempre está ahí. Quienquiera que seas, él es alguien que te defenderá. Él te ve por lo que realmente eres -y él está orgulloso de ti-. Este amigo salvaguardará tu derecho de vivir tu vida de la manera que tu deseas vivirla. Él no te juzgará y siempre será real y verdadero a menos que tú permitas que lo silencien.

Estoy hablando del Artículo 13 de nuestra Constitución Política. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con él, aquí está lo que dice:

«Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica ».

Queridos lectores y compañeros, si todavía no están familiarizados con él, quiero que todos conozcan este artículo y sus palabras porque son las palabras con las que construiremos una sociedad justa en Colombia. El Artículo 13 de nuestra Constitución será el fundamento de nuestra campaña “Voces por la Justicia Social”. Es una campaña inspirada por ti y por las historias increíbles, fuertes y conmovedoras que me enviaste durante las últimas semanas desde que le escribí una carta a mi primo Oswaldo Ortiz Ramos (SuperOOTv).


Todas estas historias tienen una cosa en común, demuestran que, a pesar de nuestra Constitución y nuestro amigo, el Artículo 13, en nuestro país los Derechos Humanos de los colombianos de todos los colores, creencias y preferencias, son vulnerados por la discriminación. Discriminación en el trabajo, en la prensa, en la calle, en un restaurante, a veces incluso en la casa. Estas personas son discriminadas por lo que creen, a quién aman, el color de su piel, dónde viven, de dónde vienen. Mi respuesta es que todos merecemos el respeto que nos da la ley y necesitamos asegurarnos de que la conozcamos y la usemos como una herramienta para salvaguardar ese respeto.

¿Cómo es que todas las personas que me han escrito y las demás que sienten la misma frustración e impotencia por temas como estos no tienen una voz? ¿realmente existe en Colombia una política pública en contra de la discriminación? como abogado sé que existe la Ley 1482 de 2011, pero ¿se está aplicando realmente? ¿sirve para algo? ¿Será que está bien que, en las Iglesias o sectas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las paredes, en las marchas, y a veces hasta en los recintos legislativos se irrespete y se agredan los derechos humanos y la dignidad de las personas sin que pase nada? ¿Y entonces porque alguien me ofende o me agrede yo tengo el derecho a hacer lo mismo?  ¿el papel del Estado Colombiano cuál es? Pues no es otro que el defender y garantizar la aplicación de la ley, incluyendo el Artículo 13 de nuestra Constitución. Ojalá los colombianos podamos despertar pronto antes de que empiecen a gestarse en nuestro país grupos extremistas que empiecen a imponer criterios radicales que vulneran los Derechos Humanos y la dignidad de nuestros compatriotas.

Debemos unirnos para que todas nuestras historias sean oídas y conocidas por las autoridades competentes en nuestros tribunales, y así, poder exigirle a nuestro sistema jurídico que observe y garantice nuestros derechos castigando a sus agresores. Si queremos que realmente haya Justicia Social, es responsabilidad de TODOS ayudar a defender nuestros Derechos Humanos.

Únete a mí y al creciente número de Voces por la Justicia Social siguiendo nuestra campaña y actividades en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro Blog. Estamos en el inicio de nuestro viaje y necesitamos el apoyo de todos para hacer oír nuestras voces.

Pronto empezaré a compartir herramientas jurídicas fáciles de utilizar y los datos de contacto de las diferentes fundaciones que se están uniendo a esta causa. Los invito a publicar en nuestra página de Facebook o compartir conmigo en privado sus historias. Haré mi mejor esfuerzo para leerlas todas.

Afectuosamente,

Fernando Merchán Ramos

Facebook: https://www.facebook.com/FernandoMerchanRamos/

Twitter : @FernandoMerchanR

Instagram: fernandomerchanramos

Blog : https://vocesporlajusticiasocial.wordpress.com/

Cada vez da más pereza ir a la Feria del Libro de Bogotá

Al ver los índices de lectura de las poblaciones por donde pasan este tipo de eventos culturales, se nos alarga la cara por la vergüenza que sentimos.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) cumple ya 30 años de fundada. En sus inicios fue parte de los procesos de desarrollo de la capital en la época de 1987, año del que se conocen los primeros datos de su creación, aunque también se afirma que fue el mismísimo Jorge Eliécer Gaitán en 1936, el que dio apertura a la primera Feria del Libro en la ciudad. De todas maneras, cierto o no, hubiera sido muy agradable que desde aquella época árida de lectores, se hubiera sembrado la fuente del conocimiento.

Siempre andamos diciendo que este tipo de eventos culturales que recorren ciudades por montones cada año son la vitrina para exhibir la “moda de leer” y de ufanarnos cuántos libros podemos comprar o tener en nuestra biblioteca. Al ver los índices de lectura de las poblaciones por donde pasan este tipo de eventos culturales, se nos alarga la cara por la vergüenza que sentimos.

El Centro Regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), declaraba en su informe de 2012, que “cerca de la mitad de la población cobijada por las encuestas, se declara no lectora de libros…” y ratifica un 44% de colombianos no lectores. La cifra empeoró más adelante, cuando el DANE en su Encuesta de Consumo Cultural 2014, advirtió que el promedio de libros leídos por persona era de 1,9. Situación todavía más triste, porque en escasos dos años no hubo la voluntad de leer y, por el contrario, en cambio bajó el porcentaje de lectores. En 2015 aparece Colombia en el ranking mundial, en el último puesto, lo que ratifica que la situación no ha estado mejorando. La gráfica que expone 10 libros en un año, permite ver una realidad intensamente comprometedora, que refleja cuán atrasado está nuestro nivel de lectura. Si Canadá, Suiza y Filipinas se divierten leyendo un promedio de 17 a 20 libros al año, debemos preguntarnos por qué en Colombia no prosperan las ideas y campañas que nacen de un lado y otro, pocas es cierto, pero las hay.

Si hablamos de Ferias del Libro que se realizan cada año en diferentes países del mundo, vemos como La Feria del Libro de Bogotá queda rezagada del pelotón. Sucede como en la mejor de las carreras ciclísticas, donde si no tienes un buen equipo y al mejor de los corredores, no vas a ganar la competencia, sino a participar y hacer acto de presencia. Eso, lastimosamente, hace Colombia cada año. Participa de un evento que se cumple como cualquier programa, pero donde se innova poco en invitados, eventos, diseños y atracción, para que se quede la idea en nuestra cabeza, de que tenemos que leer para culturizarnos más, para conocer otras cosas, para mejorar nuestro vocabulario y hasta para saber que existen nuevos escritores. Es hora de “pasar la página”, literalmente, y aplicarnos en el tema de la lectura. Ferias del Libro como la de Frankfurt, Estados Unidos (Book Expo América), París (Salón del libro de París), Londres, y más cercanas como las de Guadalajara y Buenos Aires, por nombrar solo algunas, se llevan los aplausos por el número de expositores, invitados, editoriales, escritores y todo lo relacionado con la industria del libro. Serán 30 años de conocidas Ferias del Libro en Colombia, pero nos preguntamos cuántas más faltarán para que comience a figurar en el espectro mundial como una de las mejores del mundo.

Por: Silvia Isabel Cárdenas Pinzón, comunicadora social de la UNAD y locutora.

Imagen tomada de: goo.gl/d9Ucjy

El demonio de la privatización – Caso ETB

La situación con ETB muestra un problema estructural de la ciudad y es la pobre continuidad en las políticas públicas.

Cada vez que se insinúa la intención de enajenar parte de cualquier bien público, empiezan a saltar de preocupación algunas personas que creen que eso es un sacrilegio, que es un atentado contra el bienestar de la sociedad y que la sola propuesta altera la estabilidad de un estado de derecho y su vocación de servir a sus ciudadanos, no es un preocupación exclusiva de una izquierda radical, en el colombiano promedio este tipo de determinaciones son sinónimo de corrupción, para ellos privatizar es lo mismo que robarle al estado.

Claro que también existe el otro extremo, el que cree que toda empresa pública es un despilfarro de dinero e impuestos y que todas ellas están cooptadas por políticos corruptos y sindicatos zánganos y parásitos que las exprimen hasta dejarlas desahuciadas y en los huesos. Esta es una tesis que tomó alto vuelo en los 90’s, ante las grandes expectativas que trajo la caída del comunismo y la apertura que ofrecía una nueva constitución, parecía que todo era posible y el gobierno se dedicó a privatizar indiscriminadamente todo lo que tenía en sus manos, a la postre, esta apertura sin control y la baja competitividad de la región latinoamericana, llevaron al subcontinente a una aguda crisis de inflación y recesión, y a un traumático cierre de siglo.

Sin embargo, aquí el pecado no es privatizar o querer impedirlo, el pecado es tomar posiciones radicales sin tener elementos de juicio suficientes para hacerlo, lamentablemente muchas personas ya han elegido de antemano y de manera general, o bien que la privatización es un atentado contra la sociedad, o bien que es la única solución posible ante los problemas de ineficiencia que padecen muchas empresas públicas, y el caso es que la realidad de cada empresa es muy diferente, sus proyecciones son diferentes, su rentabilidad es diferente, su compromiso social es diferente, su importancia estratégica es diferente, decidirse en uno u otro sentido con la poca información disponible es, cuando menos, irresponsable y facilista.

El problema es que no conocemos a ciencia cierta la situación contractual de la empresa, hay datos ‘objetivos’ que pueden apoyar cualquier postura, se puede decir que la empresa ha tenido rendimientos muy bajos durante los últimos años y algunos hasta han generado pérdidas, se puede decir que la anterior alcaldía le inyectó 2 billones de pesos de capital y hoy la empresa vale incluso menos que eso según su valor en la bolsa, se puede decir que la empresa cada año termina con menos suscriptores que el año inmediatamente anterior y cada vez tiene una menor participación en el mercado, todos estos datos fácilmente verificables, pero también se puede justificar toda esta situación recordando que la empresa está pasando por un proceso de modernización y reestructuración que la ha llevado a contar con un fantástico servicio de fibra óptica que se puede jactar de ser el más veloz y estable del mercado a un precio bastante competitivo, además de presentar una acelerada expansión de su red móvil 4G, y que esos bajos rendimientos en los últimos años son normales pero que la empresa tiende una proyección muy positiva hacia el futuro. Sin embargo, la ciudadanía no conoce informes que ayuden a justificar de manera objetiva esa mirada optimista del devenir de la empresa hacia los próximos años, si bien su red ha crecido de una manera considerable, sólo ha logrado capturar el 4% de sus nuevos clientes potenciales y, con su base de 390 mil usuarios, está muy lejos de cumplir la meta de 5 millones en 5 años.

Pero la discusión real no debería ser sobre rendimientos y proyecciones sino sobre el para qué se quiere privatizar, es algo que se ha manejado de muy mala manera por el gobierno de Bogotá el cual, en un tono que más parece de chantaje, ha anunciado que las grandes inversiones que la ciudad necesita en materia social no podrán llegar a ejecutarse si no se permite la venta de este activo. Esta es una actitud que, con mucha razón, ha generado indignación en la ciudadanía, más aun cuando se sabe que la verdadera intención es usar ese dinero en extender la red de Transmilenio, lo cual no es necesariamente algo malo, pero sí se muestra algo deshonesta la forma en que se le vende la idea a la gente; la inversión en infraestructura generalmente es un buen negocio, por eso es que la ciudad está dispuesta a endeudarse por 20 años para hacer una línea de metro y la nación vendió ISAGEN para impulsar su proyecto de autopistas 4G, y es basado en esto que se debería determinar si la privatización vale la pena o no.

Hoy la ingeniería económica cuenta con numerosas herramientas para conocer la rentabilidad de proyectos de la más diversa índole, si un estudio minucioso en ese campo determina que la inversión en extender la red de transporte genera un mayor retorno que la que podría producir una empresa de telecomunicaciones, pues la operación valdría la pena.

La situación con ETB muestra un problema estructural de la ciudad y es la pobre continuidad en las políticas públicas, no tiene sentido que la anterior alcaldía haya triplicado el capital de la empresa y esta alcaldía quiera venderla por menos de lo que se invirtió en la anterior administración, en mi opinión, si ya la ciudad se la jugó por fortalecer la ETB pues hay que seguir ese camino, personalmente he sido cliente tanto del servicio fijo como móvil y he sido testigo de la franca mejoría en su calidad.

Por otro lado, creo que el conseguir un socio estratégico podría ser una buena idea, eso fue lo que convirtió a la EEB, después de estar al borde de la quiebra, en una de las compañías energéticas más grandes de latinoamérica; cuando hay plata de privados en un negocio, ellos son muy diligentes para ver que no se roben ni se desperdicien sus recursos y que haya una gestión más eficiente, es mejor que cualquier organismo de control, así que una solución intermedia de privatizar sólo una parte de la empresa podría ser una solución que liberara recursos para inversión y que mantuviera generando dividendos para la ciudad en una empresa que, bien manejada, podría seguir creciendo.

A modo de conclusión, independientemente de la determinación que se tome, la alcaldía debe cambiar de actitud frente al manejo que se le está dando a la compañía, el menospreciar la empresa y el anunciar valores de venta de antemano sólo va en contravía de su posible apreciación y su capacidad de atraer el interés de actores privados, además de hundirla en un espiral de abandono y declive, no puede ser que las mezquindades políticas vayan en detrimento del patrimonio de todos los bogotanos, ya en el pasado vivimos una situación similar cuando los gobiernos abandonaron la extensión, optimización y atención de Transmilenio como estrategia para justificar la necesidad del metro, no debe repetirse esa historia.

Algo adicional. Se está diciendo mucho en redes sociales acerca de la desfinanciación que sufriría la Universidad Distrital en caso de que se concretara la venta, esto no es cierto puesto que, en primer lugar, lo que recibe la universidad por concepto de los dividendos producidos por las acciones de la cual es dueña en ETB no llega ni al 0,3% de su presupuesto total y, en segundo lugar, lo que se vendería sería la participación accionaria del distrito que no tiene nada que ver con la propiedad de las acciones que tiene la universidad. Otra cosa, Claro tampoco podría ser comprador de esta empresa puesto que cuenta con una situación muy aventajada en el mercado y las leyes antimonopolio lo impedirían.

Algunos documentos sobre la proyección de ETB hacia el futuro y sus informes financieros:

http://www.etb.com.co/inversionistas/docs/2016-04-28_fitch.pdf

http://etb.com.co/inversionistas/Dividendos.aspx

http://etb.com.co/inversionistas/Informacion_Financiera.aspx

Por: Julio César Vásquez @quoddixi

Imagen tomada de: goo.gl/fMQ3uV

Odebrecht: El descarado “tapen-tapen” de Santos y Uribe

En las últimas décadas quienes han mal gobernado Colombia no solo se han turnado el poder y repartido por igual los puestos en cada gobierno, sino que lograron convertir las entidades de control en comisiones de aplausos y desvíos de investigaciones, con el fin de perpetuar “el tapen-tapen” que ha caracterizado a la justicia nacional.

El caso Odebrecht sintetiza las principales características de la economía y política nacional: un modelo corrupto que utiliza los impuestos de los colombianos para privilegiar las rentas de enormes firmas, magnates nacionales y foráneos junto con un modelo político que nos ponen a elegir entre candidatos, que pintan como diferentes, pero representan los mismos intereses de estos grandes poderes económicos.

Odebrecht giró 11 billones de dólares en sobornos a Colombia, algunos fueron para que esta firma se quedara con el contrato Ruta del Sol 2, que podría ser el proyecto de infraestructura vial más importante de la década. Gracias a Santos junto con Vargas Lleras a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y la Superintendencia de Industria, se permitió dar por terminado este contrato, en vez de declarar caducidad del mismo, lo que significa que a pesar del claro desvío de recursos públicos, estas empresas pueden seguir contratando como si nada. De este proyecto no solo se benefició Odebrecht (441 mil millones de pesos) sino también Episol, filial de Corficolombiana de Sarmiento Angulo (235 mil millones).

Otro proyecto en investigación es el adjudicado a Navelena (empresa de Odebrecht), que recibió un préstamo irregular del Banco Agrario por $120 mil millones de pesos para la recuperación del río Magdalena.

Al parecer los sobornos no se quedaron en las entidades que adjudicaron los contratos, sino que escalaron hasta los mismos candidatos presidenciales. Se vienen destapando nuevas pruebas donde se demostraría cómo Odebrecht financió las campañas uribistas de los candidatos Santos en 2010 y Oscar Iván Zuluaga en 2014, así como la campaña de Santos del mismo año.

Lo más grave es que las entidades de control hacen el esfuerzo de cubrir las evidentes irregularidades en los casos señalados, como se comprueba con la vinculación del Fiscal Néstor Humberto Martínez quién tiene enormes conflictos de intereses en investigar estos casos. Por un lado, intervino indirectamente en la realización de la adjudicación de la Ruta del Sol, al aprobar el CONPES 3817 de 2014 como Ministro de la Presidencia de Santos que permitió la adición para ese proyecto.

Por el otro, su firma MNA (Martínez Abogados) aparece en dos asesorías a la Ruta del Sol en los años 2012 y 2015, y realizó concepto de asesoría del año 2015 para Navelena, dirigido al Banco Agrario con sello de recibido de Odebrecht. Tan irrefutables y contundentes son las denuncias del senador Robledo, que Martínez, en un claro ejemplo de desespero y politiquería señala al senador de estar en campaña presidencial al realizar estas denuncias. No es más que una cortina de humo por parte del Fiscal, como dice Antonio Caballero y trata por bobos a todos los colombianos al negar su impedimento con un testimonio que dice que en el crédito a Navelena “por error se incluyó logo de Martínez Neira Abogados”.

En las últimas décadas quienes han mal gobernado Colombia no solo se han turnado el poder y repartido por igual los puestos en cada gobierno, sino que lograron convertir las entidades de control en comisiones de aplausos y desvíos de investigaciones, con el fin de perpetuar “el tapen-tapen” que ha caracterizado a la justicia nacional. Los colombianos nos cansamos de que los mismos con las mismas se salgan con la suya, y que por medio de mecanismos legales e ilegales hundan en la miseria, la pobreza y la corrupción a Colombia para beneficiar los intereses de unos pocos.

Por: Diego Cortés.

Imagen tomada de: https://goo.gl/ehxEHs

Los Ph.D. no podrán tener Alcaldías, pero sí Ministerio

Desde el mes pasado, en la Comisión Sexta se debate la apertura de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre otros beneficios, esto abrirá la oportunidad de aumentar la mínima cifra del 0.9% de doctorados en el sector comercial e industrial.

En Colombia – y buena parte de países latinoamericanos – ha existido un problema estructural: la academia y la clase política no han sabido llevarse. Esto se refleja especialmente en la falta de planeación y ejecución de políticas públicas para el desarrollo en las regiones más importantes del país. Esa situación puede empezar a ser diferente debido a la última iniciativa legislativa promovida por el representante liberal por Antioquia, Iván Darío Agudelo, con el apoyo de partidos como la U, Cambio Radical, Polo y Centro Democrático.

Primero hay que decir que la propuesta no es nueva. Hace diez años, Martha Lucía Ramírez y Jaime Restrepo Cuartas también propusieron que los temas relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación tuvieran la autonomía y la importancia de un ministerio. Pero en dicho momento, el país sufría el coletazo de la crisis del 2008, el gobierno no comulgaba con la idea de expandirse y no tuvo el mínimo apoyo para ser aprobado.

Pero ahora los tiempos han cambiado. Con un posconflicto en fase de construcción que requiere presencia institucional en las regiones, una educación en la que el gobierno empieza a aceptar y a referirse a través de rankings internacionales y una subida del precio del dólar que demostró a las industrias colombianas la necesidad de investigar en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el resultado puede cambiar.

A diferencia del pasado, esta propuesta tiene bastante acompañamiento del gobierno actual, especialmente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es menester recordar que cuando la ahora ministra, Cecilia López, era senadora, apoyó la propuesta de Martha Lucía. Recientemente, se añadió la exención tributaria a las empresas que investiguen en innovación y espera la inclusión entre 50 y 100 doctores al sector empresarial este año en proyectos público-privados. También, abrirá una convocatoria este 29 de abril para abrir doctorados enfocados en tecnología e innovación empresarial. La academia también ha hecho su aporte con el Primer Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, la cual abordó políticas territoriales de CTI para una paz estable y duradera.

La propuesta concreta, es que Colciencias, como organismo principal de la administración pública, rectora del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI–, el cual está encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, pase a manejar la autonomía de un Ministerio, lo cual conllevaría a pasar de una inversión del 0.5% del PIB al mínimo de 1%.

A pesar de que la propuesta ha calado bien en todos los sectores y es muy probable que se convierta en una realidad, son más las preguntas que se generan a partir de la concepción de la CTI dentro de un ministerio.

Hay que tener en cuenta que guardar el equilibrio entre el sector educativo y el sector de industria y comercio sería una prioridad para este ministerio. La situación actual muestra que las empresas contratan con instituciones del exterior que se centran en la investigación, porque en el país el sector académico no se ha enganchado de pleno con las necesidades, tanto del producto comercial como de las transacciones o metodologías de producción empresariales. Además, desde MinComercio se ha impulsado una campaña por la cultura de la investigación, pues reconocen que no son muchas las empresas que le apuestan actualmente a investigar para mejorar en el mercado.

Por otra parte, el sector educativo tiene la parte más importante en el desarrollo de esta meta. La creación de centros de investigación, fomentar la inclusión interdisciplinar e interinstitucional y replantear el modelo de investigación a partir de problemáticas establecidas y no tanto en el fortalecimiento teórico – este último ha divorciado a un sector investigativo de las ciencias humanas con Colciencias – es tarea que deben pensar las instituciones de educación superior del país más allá del posconflicto y el posible ministerio.

Para finalizar, es prudente esperar cómo se desarrolla en el legislativo este debate, pero es el momento de posicionar esta discusión tanto en la academia, los sectores productivos, los representantes regionales y la clase política. En estos momentos en donde los políticos llegan al punto de inventar logros académicos, se debe demostrar la importancia de los académicos en el sector productivo –en donde puede replantearse debido a la crisis de los hidrocarburos– y gubernamental.

Por: Ricardo Ruiz

Imagen tomada de: http://www.construccionesplanificadas.com/