“Estado laico, seres libres”

Este es el evento público más grande que realiza la comunidad para celebrar la tolerancia y la igualdad, por ello, miles de personas se reúnen anualmente para conmemorar los disturbios de Stonewall.

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El anterior 2 de julio en Bogotá se realizó, como es de costumbre, la marcha por el Día del Orgullo Gay, en la que miles de colombianos se hicieron participes, no sólo por la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTIQ, sino también por el reconocimiento de un “Estado laico” y la integración de la comunidad en eventos de carácter religioso, como lo será la visita del Papa Francisco el próximo mes de septiembre.

Este es el evento público más grande que realiza la comunidad para celebrar la tolerancia y la igualdad, por ello, miles de personas se reúnen anualmente para conmemorar los disturbios de Stonewall: una serie de protestas que desembocaron en las próximas luchas reivindicatorias por los derechos civiles de las personas homosexuales.

Son varias las manifestaciones de la comunidad LGBTIQ que se han transformado en tradición en la ciudad capitalina, desde las muchas actividades e integraciones en la Universidad Nacional, hasta el ciclo rosa en la Pontificia Universidad Javeriana, que ha sido muy polémico dentro de la conservadora comunidad católica.

Sin embargo, no hay ninguna que reúna tanta gente y sea tan festiva como la ya acostumbrada Marcha por el Orgullo Gay que se realiza el sábado siguiente al 28 de junio, día en el que se celebra internacionalmente.

Pero, ¿qué hubo de especial en esta ocasión?

El movimiento de este año estuvo marcado, no solo por el color, la música y la alegría de sus participantes como de costumbre; sino que esta vez se presentó la particularidad de que varios padres y madres marcharon en favor de la aceptación y el amor.

Muchos de ellos se movilizaron en un gesto de apoyo para con sus hijos y la comunidad en general. Esto se realizó por medio de pancartas y camisas en las que invitaban a los demás padres a aceptar y apoyar a sus hijos, todo en pro de un mensaje de cariño y de diversidad.

Aunque el ambiente de la marcha estuvo marcado por la celebración, las manifestaciones artísticas y una alegría desmedida, el recorrido estuvo muy definido por los aspectos políticos que importan a la comunidad, muchos que aún deben ser luchados y otros muchos celebrados como victorias. Tal es el caso de la caída del plebiscito de la senadora conservadora Vivian Morales, que rápidamente se hundió en la Comisión de la Cámara. Este plebiscito, según afirmaba la senadora, era reclamado por la comunidad para “convocar el rescate de los valores, siendo firmes por mamá y papá” y con ello salvar la institución de la familia.

¡NO MÁS INTOLERANCIA, POR UN NUEVO PAÍS!

A pesar de esto, no todo fue celebración, muchos de los asistentes recordaron la poca aceptación y los casos de homofobia extrema que amenazan a la comunidad. La persecución a los miembros LGBTIQ, la discriminación en razón de la preferencia sexual o en varios casos del género; además de los muchos homicidios de personas transgeneros en los últimos años, son algunos de los variados casos que movilizaron a la comunidad.

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Tomado de goo.gl/TY1D4f

Este último caso, se ha convertido en un problema de importancia internacional, ya que son muchas las instituciones que se han pronunciado frente a la dificultosa situación. Llama la atención principalmente, la intervención de la OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) en el año 2011, en la cual el Secretario Internacional de la organización se refiere a la situación como de carácter URGENTE y agregó:

En general la OMCT manifiesta de nuevo su serio rechazo frente a la existencia en Colombia, y en este caso particular en el Departamento del Valle del Cauca, de frecuentes casos de tratos crueles y violentos, y de asesinatos de mujeres trans quienes además en muchos casos son trabajadoras sexuales, y reitera que la repetición de tales actos muestra la existencia de un patrón de crímenes de carácter transfóbico (…)

De igual manera la CDIH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en el año 2012, se pronunció frente a la situación y explicó que es obligación del Estado investigar todos estos casos y responder lo más pronto posible frente a estos. Asimismo, la Comisión insto al Gobierno a tomar acciones para evitar la repetición de estos casos de intolerancia e hizo un llamado para proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ. Esto se debe a las preocupantes cifras que, aunque han disminuido en los últimos años, lo han hecho lentamente. Desde el 2010 se han reducido los homicidios gradualmente, año en el que se presentaron 172 casos, en adelante las cifras son alentadoras pero la lucha contra la intolerancia aún parece muy larga.

En él año 2011 se reportaron 119 casos y en el 2012 se presentaron 98. En los años 2013 y 2014 fueron asesinadas 164 personas pertenecientes a la comunidad según reveló la ONG Colombia diversa, que desde ya hace varios años viene abanderando la divulgación, la defensa y el desarrollo de las personas LGBTIQ. La cifra disminuye de una manera que da esperanza, aún más en los últimos años. (Más Información en http://colombiadiversa.org/acerca-de-colombia-diversa/)

Sin embargo, es preocupante todavía la cantidad de homicidios trans que se presentan anualmente, por esto, marchas como la del pasado 2 de julio, son el escenario para que estos casos sean divulgados y aquellos temas que no se discuten diariamente sean expuestos a la sociedad.

De todas formas, la jornada transcurrió tranquila y pacíficamente, los participantes simplemente solicitaron que estas personas fueran recordadas y exigieron que ante este tipo de violencia, haya más apoyo por parte del Gobierno para que no sigan sucediendo, ya que este tipo de actos de intolerancia, no deberían volverse a presentar en un país que está en medio de un proceso de transición a la paz, en el que el primer paso a tomar, debe ser transformar la sociedad colombiana.

El amor, el principal protagonista de la marcha

El principal mensaje de la movilización era que la aceptación es parte de una sociedad moderna. Además de recordar que la misma comunidad apoyaba y se nutría de cualquier manifestación de amor.

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Tomado de goo.gl/CRhhts

Por ello, cientos de parejas marcharon para que sus derechos sean realmente reconocidos y se les tratase como verdaderos ciudadanos. En sentido a ello se divulgó y desarrolló el eslogan de la marcha Estado laico y de cuerpos libres”. Con el fin de separar la opinión publica de asuntos religiosos y encaminar a la sociedad colombiana por la ruta de la aceptación y la tolerancia.

Por último, se recordó a todo el país que el amor puede venir en cualquier forma y color, y cada quien puede decidir amar sin ningún límite.

¡QUE VIVA EL AMOR!

Por: Santiago Rodriguez. Cachaco puro y amante de Colombia, estudiante caleto de la Universidad Nacional, comprometido con el cambio social y la transformación del país. Interesado particularmente en temas de política, realidad social, el fútbol y Colombia. La opinión, la comunicación y la educación son las herramientas mas importantes que se tienen para trasformar el mundo.

Imagen tomada de: goo.gl/EfnDjY

Vuelve y juega: la estigmatización de las universidades públicas

En Colombia, la estigmatización ha proporcionado el caldo de cultivo para significar a los otros como el enemigo o lo indeseable y así justificar fenómenos como el paramilitarismo y el sicariato.

El atentado en el centro comercial Andino pone de presente la necesidad de blindar el proceso de paz ante las diferentes voces que claman por un regreso de la ley del talión y la venganza a ultranza. Los hechos presentados el pasado 17 de junio vuelven a situar en la arena política la idea de la seguridad y la lucha antiterrorista. Acto seguido, se erigen banderas de lucha que toman el dolor y la zozobra colectiva para realizar proselitismo. Y, de manera irresponsable, se señala con una presunta certeza los responsables y sus adeptos. Tras el suceso las redes sociales se inundaron de denuncias, indignación y acusaciones que sostenían como autores a miembros pertenecientes al Movimiento Revolucionario Popular (MRP) vinculados con el ELN y disidentes de las FARC. Entre los defensores de esta idea se encontraron partidarios del Centro Democrático, los cuales no se detuvieron e indicaron que era necesario “sacar al presidente del terrorismo” como también que bajo el gobierno de Santos ser criminal “pagaba”. El domingo 18 de junio el periódico El Tiempo informó que la primera hipótesis de las investigaciones apuntaba a que el responsable del atentado, en efecto, podría ser un grupo llamado Movimiento Revolucionario Popular (MRP) y subrayó que dichas pesquisas habían conocido de “algunos nexos de este grupo con miembros del ELN y con extremistas de la Universidad Nacional”. La publicación causó revuelo en las redes sociales y condujo a que el rector de la Universidad Nacional rechazara la estigmatización generada por el medio de comunicación. Como enmienda a la publicación inicial el medio optó por ampliar, un poco más, su población objeto de la acusación y señaló que dichos extremistas se movían “dentro de las universidades públicas”.

Esta serie de eventos ponen nuevamente varios temas sobre la mesa. Primero, la responsabilidad de los medios de comunicación al momento de informar objetivamente; segundo, el desafío que tenemos como sociedad para derribar la polarización que se sustenta en los estigmas y acusaciones basadas en las orientaciones políticas de izquierda o derecha; tercero, la necesidad de blindar el proceso de paz y defender el valor de la vida ante el uso oportunista que le imprimen algunos actores políticos. Por último, el constante señalamiento que recae sobre las instituciones universitarias de carácter público y en especial sobre la Universidad Nacional. En Colombia, la estigmatización ha proporcionado el caldo de cultivo para significar a los otros como el enemigo o lo indeseable y así justificar fenómenos como el paramilitarismo y el sicariato. El Centro de Memoria Histórica en su informe “Limpieza social una violencia mal nombrada” ha sido enfático en advertir que el estigma marca una condición socialmente devaluada fundamental en la degradación de nuestro conflicto social y armado. El estigma social ha dinamizado nuestra polarización y encrudecido el conflicto armado. Construido sobre la disparidad entre la expectativa de un comportamiento y la realidad de las maneras como actúan algunos grupos de la sociedad, alimenta un imaginario simbólico de chivo expiatorio envuelto en un juego de amigo-enemigo. No sólo cumple con la función de condenar sino también de despojar de toda dignidad a quién es su víctima.

En el escenario político, exacerbar las pasiones es útil pues posiciona la discusión en una falsa dicotomía, difundida ampliamente por algunos sectores políticos y la cual exhorta: “o estás con nosotros o estás con los terroristas”. No obstante, la importancia de la discusión sobre la estigmatización radica en su carácter ideológico y simbólico. Así, aquellos discursos que se encuentran dotados de legitimidad y gozan de un carácter hegemónico convierten al otro en un enemigo que debe ser deshumanizado, más aún, en situaciones en las cuales los pánicos se encuentran incrementados y la única salida es la “garantía de la seguridad” o el statu quo.

El papel de los medios de comunicación cobra una importancia capital frente a dicha problemática porque las atribuciones que son difundidas mediante el estigma no hacen justicia a la verdad y, es allí donde se incita al odio por sí mismo sobre poblaciones históricamente señaladas como disidentes o críticas, en este caso, toda una serie de instituciones universitarias públicas, específicamente, sobre la Universidad Nacional. A ello se suma el imaginario social que recae sobre la población joven de estos planteles el cual no dista de una noción de “subversivo”, “revolucionario” o “mamerto”. Este último punto es de vital importancia si se tiene en cuenta las víctimas que el conflicto armado le ha cobrado a los estudiantes de universidades públicas por el simple hecho de pensarse una sociedad diferente. Para no ir muy atrás, basta con recordar las amenazas realizadas en 2015 por parte del Bloque Capital D.C de las Águilas Negras a estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional debido a su liderazgo en las jornadas de movilización frente a las problemáticas de la universidad y las campañas a favor del pensamiento crítico defendido por el profesor Miguel Angel Beltrán. Para ese mismo año la abogada Paola Salgado fue sindicada, junto a otras doce personas, de tener nexos con una organización denominada “Llamarada Mentes Libertarias” y “estructuras urbanas del ELN”. Nuevamente, los medios de circulación nacional y local señalaban a las universidades públicas como entes promotores de la insurgencia y el terrorismo, mientras olvidaban el aporte que desde estas se hace a la construcción de una sociedad más equitativa.

El suceso más reciente que retrata el señalamiento sistemático que recae sobre las instituciones de educación superior públicas tuvo lugar el sábado 24 de junio del presente año, cuando fuimos testigos de la captura de nueve estudiantes entre ellos dos abogadas y una artista plástica. El argumento es el mismo, una serie de conexiones que asocian el pensamiento crítico y el trabajo por la defensa de los derechos humanos con una práctica de extremistas e insurgentes.

El estigma que recae sobre los estudiantes y egresados de las universidades de carácter público ha justificado actos degradantes y violatorios a los derechos de humanos, llegando incluso a atropellar la presunción de inocencia y la dignidad de las personas que son estereotipadas por el discurso hegemónico del terror y el odio. A ello, se suma el hecho de que al ser encasillado como “mamerto”, “disidente” “revolucionario” y “tira piedra” la respuesta más recurrente ha sido dejar de escucharlos y perseguirlos. Situación que en últimas mantiene el bache existente en nuestra democracia marcada por un diálogo de sordos.

Manuel Alejandro Forero Figueroa. Trabajador social y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Interesado en temas de construcción de paz, promoción de derechos humanos y participación ciudadana.

Imagen tomada de: goo.gl/Wz16L8

 

DE LAS ARMAS A LAS PALABRAS

Los seres humanos que se desmovilizan, se desprenden del fusil para combatir con la palabra; el intercambio de razones y argumentos será la técnica de acción política, el lenguaje predominará sobre la guerra

La dejación de armas por parte de las FARC-EP genera un ambiente esperanzador pero también de incertidumbre.  Los seres humanos que se desmovilizan se desprenden del fusil para combatir con la palabra, el intercambio de razones y argumentos será la técnica de acción política, el lenguaje predominará sobre la guerra, será el mecanismo a través del cual los nuevos actores políticos buscarán eliminar o reducir la exclusión política y las desigualdades de tipo económico, social y cultural que dieron lugar a la confrontación armada por más de 50 años; la incorporación a la sociedad civil les otorgará la posibilidad de transformarse en partido político, canalizar las demandas sociales, contribuir a la formación y manifestación de la voluntad popular e influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación.

La entrega de las armas no sólo se consolida como un acto simbólico sino además como un acto de voluntad que exterioriza un compromiso político. Abandonar la lucha armada y evitar el empleo de la violencia para defender los valores e intereses que persiguen les permitirá actuar en un marco de legalidad que además de garantizarles los derechos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político e incidir de forma significativa en los niveles decisorios de la administración pública, les impondrá los deberes de respetar la Constitución y la ley, los compromisos asumidos en el acuerdo de paz y los que adquieran con quienes depositen su voto de confianza en el partido político que conformen.

Es evidente que Colombia atraviesa una coyuntura histórica, política, económica, social y cultural que demanda acciones afirmativas del Estado para revertir los efectos negativos del conflicto armado y cohesionar esta sociedad fracturada por la guerra. En efecto, el proceso de paz requiere además de un enorme esfuerzo fiscal, de la intervención del Estado a través de medidas urgentes que remedien el vacío de poder que se presenta en los territorios con el fin de limitar la ocupación por parte de los grupos armados al margen de la ley y las bandas criminales emergentes, del establecimiento de una administración de justicia rural que desate los conflictos sociales que se presenten de manera oportuna, de la implementación de políticas públicas que posibiliten la reincorporación socio-económica de los hombres y mujeres que dejaron las armas y promuevan el desarrollo de las comunidades marginadas y azotadas por el conflicto interno, y de la construcción de una cultura de paz (perdón y reconciliación).

Ahora bien, la construcción de una cultura de paz no es tarea fácil pues no hay que desconocer que el proceso de paz se desarrolla en un escenario complejo que genera incertidumbre, de hecho es natural que existan dudas y desconfianza, ya que si bien es cierto que todos los colombianos deseamos vivir en paz, las posturas que adoptamos frente al acuerdo de paz se encuentran ligadas a la ideología política y la condición de víctimas directas, indirectas o de victimarios del conflicto armado.

No obstante lo anterior, los colombianos debemos ser conscientes de que asistimos a un proceso de paz colectivo en el que la comunicación y la reconciliación resultan fundamentales para restablecer el tejido social. Es más, reconocer que el conflicto armado es consecuencia de la exclusión, la desigualdad y la concentración del territorio, del poder político y económico, nos permitirá comprender que la mayoría de los colombianos somos víctimas de una guerra incesante por el poder y que para lograr una convivencia pacífica, es necesario generar espacios de diálogo y consenso en los que se supriman los reproches, recriminaciones y deseos de retaliación o venganza, no sólo con el fin de abonar esfuerzos para lograr la integración social y el cese de hostilidades definitivo sino además para fortalecer la democracia deliberativa que implica un intercambio argumentativo para la toma de decisiones.

Imagen tomada de:  http://www.eje21.com.co/site/wp-content/uploads/2017/02/Armas-entrega

Por: Luz Dayan Caballero, abogada de la Universidad Católica de Colombia, Especialización en Derecho Universidad Externado de Colombia.

¿Hasta cuándo la homofobia para hacer política?

El pasado 19 de junio, en un programa televisivo chileno se vio un acto de homofobia realmente reprochable. “El interruptor” es un programa que estuvo más de diez años al aire, luego de un tiempo acabó, pero el canal Vía X que lo producía volvió a emitirlo en el 2016. El interruptor cuenta con dos presentadores, Carolina Urrejola y José Miguel Villouta. José Miguel es un reconocido periodista en el país y es abiertamente homosexual. Al programa fue invitado Javier Soto, un pastor, el cuál desde la primera pregunta quiso llevar la entrevista por su cuenta, tomando la palabra y haciendo una oración casi que forzada, diciendo que era necesario conociendo la condición del presentador. Villouta guardaba la compostura mientras oía la oración y el resto de ataques que provenían del pastor, pero la entrevista tuvo que ser detenida nuevamente cuando el personaje expresó que no podía continuar sin antes ponerse una alfombra, acto seguido sacó una bandera LGBTI, dijo “es el trapo de inmundicia que hay que colocar acá” y se lo puso bajo los pies. El presentador (realmente de manera decente) le dijo que por favor no hiciera eso, que además él era quien manejaba el programa y lo estaba irrespetando. El pastor ignoró su petición diciendo que no lo estaba irrespetando, que simplemente estaba haciendo lo que suele hacer en otras entrevistas y el programa fue detenido. La directora del programa le dijo que no podía continuar si hacía eso y simplemente la entrevista no continuó. El vídeo fue subido por el mismo canal a su cuenta en YouTube con el nombre de “Ataque homofóbico del Pastor Soto contra José Miguel Villouta”, reconociendo y condenando la actuación del pastor.

Como todos los actos de homofobia este sólo transmite impotencia y dolor. Impotencia de ver que todavía hay personas en el mundo que viven bajo las premisas de siglos pasados, generando odio, usando la palabra “divina”, pasando por encima de los demás y haciendo daño, pero defendiéndose de sus actos tras la cortina de que un “Dios” los envía. Pensé en lo crítico de la situación y sentí pena cuando recordé que en este país se ven “pastores” de la calaña del pastor Soto. Curiosamente pude comprobar que Oswaldo Ortíz, un pastor y youtuber, aplaudió lo que sucedió en Chile diciendo que el pastor Soto estaba haciendo lo correcto contra la agenda LGBTI. Simplemente lamentable. Lamentable porque ellos ahora dicen ser los perseguidos, creen que la comunidad LGBTI tiene toda una agenda para monopolizar el mundo, toman las campañas de visibilización de la comunidad como afrenta personal, juran que se les lava el cerebro a los menores para ser homosexuales o transexuales y otros miles de pensamientos que nacen de la desinformación. Nombrar a Oswaldo es un arma de doble filo, ya que al ser una figura pública se le hace propaganda, pero lo cierto es que él es uno de los que de mano de la senadora Viviane Morales y el pastor Miguel Arrázola han intentado vulnerar los derechos de la comunidad LGBTI en los últimos meses. El referendo propuesto por la senadora Viviane Morales que iba en contra no sólo de padres diversos, sino también en contra de madres y padres solteros es una clara muestra de ello, ya que en los vídeos de Oswaldo su principal argumento era que nada más abominable que dos hombres o dos mujeres criaran a un menor.

Hay dos hechos importantes en este acto que se vio en Chile y en lo que se vive hoy localmente, el primero es que la homofobia no es realmente algo nuevo en estas comunidades religiosas, pero es preocupante que hoy en día esas comunidades ganan cada vez más seguidores y “se van detrás” de personajes como el ex procurador Alejandro Ordóñez. El ya mencionando Oswaldo apoya al ex procurador en sus campañas, al igual que la diputada de Santander, Ángela Hernández. Estos tres personajes unidos por la fe y el odio se unieron para la marcha del pasado primero de abril “en contra de la corrupción”. Hicieron vídeos convocando a las personas, uno como el del procurador con la diputada o el procurador con Oswaldo, diciendo defender la familia, ir en contra de la corrupción del gobierno Santos, pregonando una alta moral, sin importar que el ex procurador Ordóñez haya sido destituido de su cargo por la Sala Plena del Concejo de Estado.

La Sala Plena tuvo razones para destituir a Ordoñez al encontrar “irregularidades” en cómo fue elegido: al ex procurador se le acusa de poner en cargos públicos, como los de magistrado en la Corte Suprema de Justicia, a parientes cercanos, yendo en contra del artículo 126 de la Constitución Política (Primer fragmento del artículo 126 de la Constitución: “Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente…”),  los cuáles una vez en su cargo votaban también por él para que siguiera siendo procurador.

En pocas palabras, elegía a sus familiares para ocupar puestos públicos y ellos lo devolvían el favor para seguir en el poder, lo cual es corrupción y un delito. Los fieles de estos grupos religiosos siguen a estas figuras como las ovejas que se consideran, sin interesar que sean corruptos o criminales, porque todo lo malo que hacen resulta para ellos como “ataques del maligno” o de los LGBTI en su defecto. En este tiempo de posverdad ellos buscan siempre tener la “verdad absoluta”, así como hacerles creer a miles de personas que los LGBTI no tenemos vida ni nada más que hacer que querer que todos sean como nosotros aunque eso sea imposible, que los LGBTI tenemos una dictadura:  “(…) el rompecabezas del Lobby de la dictadura Gay en Colombia” dice Oswaldo en uno de sus vídeos (muy gracioso pensar en una dictadura que no tenga poder y esté a favor de los que pasan por encima de ellos), que se quiere acabar con la familia simplemente al mostrar que hay más de un tipo familia que la tradicional conformada por un hombre y una mujer, como con el referendo de Viviane Morales. Lo segundo importante es el mensaje que envían estos personajes y a quienes le llegan, porque es inevitable al ver estos episodios pensar en las millones de personas que están en el clóset, que tienen miedo de aceptarse como son, que están solos y que hoy más que nunca necesitan voces de apoyo. Me devuelvo a tiempos en los que ese niño asustado y solo era yo, que gracias a personas que me mostraron que yo no era anormal ni una abominación pude seguir adelante a diferencia de muchos jóvenes que tuvieron o están en riesgo de tener un final trágico.

Es triste que la gente no lea, no busque, no mire más allá y no se den cuenta que realmente el odio que promueven hacia los que nos identificamos como parte de la comunidad LGBTI es un mecanismo para ganar adeptos, ya que odiando algo en común se consiguen más votos. Deben entender que su fin es el poder político y el bienestar personal, que no les interesa ni la familia que dicen defender ni los niños que no son adoptados, que no son enviados por el altísimo y que sus fines no son los que predican. Si algo de esto fuera cierto uno quisiera creer que su campaña sería con algún político que tenga una historia menos turbia, pero como vemos, no es así. De esta manera es cómo nos encontramos ante la vieja manipulación de las masas con los nuevos medios digitales, se puede ver como Oswaldo o la diputada Hernández cuentan con más de cien mil seguidores en sus páginas cada uno. Algo se debe hacer para que estos grupos no sigan avanzando, que la gente se dé cuenta de que sus creencias están siendo utilizadas por personas de ética cuestionable oculta tras una biblia.

Si las cosas siguen como van terminaremos con Ordóñez en la presidencia, demostrando que la patria boba no ha muerto, que son más todos aquellos que votaron por el “No” en el plebiscito aludiendo a que había ideología de género tras los acuerdos, que son más todos aquellos que asistieron a la marcha el primero de abril diciendo ir contra la corrupción, pero marchando tras un corrupto. Somos los jóvenes ahora los que nos vemos con más fuerza para atacar el problema, de no dejar que gane un conservatismo dañino que impone su creencia en un país laico. Los LGBTI no tenemos ni una dictadura ni una agenda para adueñarnos del mundo, no estamos en contra de la religión ni queremos acabar con ella, buscamos sólo la visibilización para la reivindicación de nuestros derechos, queremos demostrar que somos simplemente seres humanos con los mismos derechos y deberes que cualquiera.

Por: Miguel Ángel Cuesta Palacios. Estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Apasionado por la literatura. Crítico de medio tiempo, quejumbroso y homosexual de tiempo completo.

Imagen tomada de goo.gl/zzsaQJ

En la búsqueda de un derecho humano importante.

Colombia todavía tiene mucho trabajo por hacer en la priorización de la educación primaria. Y ese punto es claro de evidenciar no sólo en las comunidades más aisladas de nuestro país. Nuestro gobierno y las autoridades locales le están fallando a nuestros niños.

Quiero contarles sobre un viaje que hice hace poco, el cual fue inspirador, pero también preocupante. Estuve en La Guajira Colombiana.

Nuestro guía y su cuadrilla de motocicletas nos internaron en las profundas montañas de la Sierra Nevada. Después de 2 horas de viaje cruzando ríos, valles y panoramas increíbles, vimos a través de la espesa bruma de la mañana, lo que habíamos ido a buscar, un olvidado pueblo indígena en donde vive la comunidad Kogui.

La Guajira es una de las regiones más bellas de nuestro país. Y es el hogar de decenas de pueblos tradicionales como este. En total, son más de 500.000 personas que pertenecen a las diferentes comunidades indígenas que habitan esa parte de nuestro territorio.

Mi visita fue para ver cómo esta comunidad orgullosa y fuerte, está recibiendo apoyo de las autoridades estatales y locales para educar a sus niños. Lo que encontré me molestó; encontré un pueblo inseguro de la situación legal de la tierra en que se encuentran sus hogares.

Conocí a maestros increíbles y trabajadores que viajan hasta 4 horas todos los días para traer esperanza a los niños que con mínimos recursos intentan educar. Oí con tristeza y frustración cómo desde hace más de 11 años, las remuneraciones de esos maestros sólo se pagan por contrato de prestación de servicios y no con todos los derechos y beneficios de un contrato de tiempo completo. Ni siquiera les reconocen el auxilio de ley por trabajar en una zona de difícil acceso – y viajan hasta 4 horas desde Santa Marta para llegar a cumplir su misión de educar a esos pequeños.

Adicionalmente, un solo maestro debe educar a más de 100 niños de todos los cursos de primaria. El espacio es reducido y los recursos y materiales casi inexistentes, el resultado es que los niños no tienen el comienzo en la vida que se merecen y que es responsabilidad del estado brindarles.

Yo creo que la Educación es un derecho humano fundamental para cada niño y cada joven colombiano. Sin un sólido comienzo en la escuela, estos niños tendrán serias dificultades para conseguir un buen trabajo o llegar a tener una carrera que les permita alimentar a sus familias y cumplir sus sueños. Por el contrario, muchas veces terminan en las grandes ciudades siendo explotados por mafias que trafican con ellos.

Colombia todavía tiene mucho trabajo por hacer en la priorización de la educación primaria. Y ese punto es claro de evidenciar no sólo en las comunidades más aisladas de nuestro país. Nuestro gobierno y las autoridades locales le están fallando a nuestros niños.

En nuestra campaña #vocesporlajusticiasocial queremos destacar la importancia de la educación primaria como el derecho humano que es y hacer visibles las necesidades de los niños marginados de nuestro país.

Por: Fernando Merchan, Abogado con MBA en Oxford Brookes University. Coordinador de la campaña Voces por la Justicia social.

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FECODE: luchas, logros y desafíos

No cabe duda de la importancia de Fecode en la lucha por la reivindicación de los derechos y las aspiraciones de las maestras y los maestros. Pero es claro también que la federación está en mora de proponerle al país su visión de lo que debe ser una política educativa acorde con nuestra realidad.

A propósito del último paro nacional educativo que llevó a marchar a más de 350.000 maestros y que durante treinta y siete días dejó sin clases a más de 9 millones de niñas, niños y jóvenes y encartadas a sus familias en todo el país, Catalina Hernández resume para Ciudad Blanca las luchas, logros y desafíos de Fecode que para muchos es “la organización detrás del caos”.

1.er gran momento: la fundación

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se funda en Bogotá, el 24 de marzo de 1959, al final de una década caracterizada en Latinoamérica por dictaduras y revoluciones como la cubana que el 1.o de enero de aquel mismo año proclama su victoria definitiva. La federación se conforma al aglutinar numerosos sindicatos departamentales y distritales, con el objeto de satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los maestros, para lo cual dividen el sindicato en dos grandes áreas, una para atender las exigencias laborales y por otra para cubrir las exigencias de políticas educativas.

2.do gran momento: la mejora salarial

La primera lucha de la federación tiene como objetivo el mejoramiento del salario de los maestros y da sus frutos al lograrse la Ley 111, del 30 de diciembre de 1960, por medio de la cual la nación, representada por el Ministerio de Educación Nacional, toma a su cargo el pago delos sueldos del magisterio oficial de la Enseñanza Primaria en todo el territorio de la república.

3.er gran momento: el reconocimiento

Por estos mismos años,  Fecode enfrenta la férrea oposición del establecimiento en un momento en que el movimiento sindical en Colombia se extiende y crece aceleradamente. De hecho, fueron muchas las trabas con que el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957) había intentado frenar su creación, por lo cual otro hito importante de la federación es el reconocimiento legal que obtiene el 6 de agosto de 1962, mediante la Resolución N.º 01204del Ministerio de Protección Social.

4.o gran momento: el estatuto docente

Otro hecho que marcaría la historia de Latinoamérica es la Revolución Sandinista que empieza el 19 de julio de 1979, año en que Fecode alcanza otro de sus grandes logros. En efecto, mediante el Decreto 2227 de 1979, la federación consigue que el Estado colombiano adopte normas acerca de la profesión docente regulando las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan dicha profesión.

5.o gran momento: la declaratoria de servicio público

En el marco de la Constitución Política de 1991 y tras muchas batallas, la federación logra que el 8 de febrero de 1994, el Congreso de la República expida la Ley 115, en que se declara la educación como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes […] La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad”. Entre otras cosas, gracias a esta ley se regula la libertad de cátedra.

Los desafíos

En la actualidad, Fecode enfrenta numerosos desafíos. Uno nada despreciable es el Decreto 1278 del 19 de junio de 2002, mediante el cual el Ministerio de Educación (MEN) ordena regular la profesionalización docente y, por ende, su salario profesional, imponiendo unos escalafones discrepantes con los propuestos por los maestros.

Un segundo desafío de la federación es su escandaloso nepotismo. La cúpula de Fecode, integrada por quince miembros, está en el escalafón 14 con un salario promedio de $5.000.000, pues aunque ya se han pensionado, siguen trabajando con el Estado. Según el diario El Tiempo, “cerca de 44 mil maestros en el país se encuentran en esta condición […] los quince miembros de la junta directiva (de Fecode) mantienen vínculos muy estrechos con políticos que son, en el fondo, sus verdaderos jefes”.

Un tercer desafío, relacionado con el anterior, es el inexplicable e inaceptable machismo imperante en la federación. La verdad, no hay justificación alguna para que en un país en que el 70 % del magisterio está conformado por mujeres, sean únicamente hombres los que integren la cúpula de Fecode, lo cual deja mucho que desear de una agremiación que, se espera, debe ser autocrítica, democrática e incluyente.

En conclusión, no cabe duda de la importancia de Fecode en la lucha por la reivindicación de los derechos y las aspiraciones de las maestras y los maestros en Colombia. Pero es claro también que la federación está en mora de proponerle al país su visión de lo que debe ser una política educativa acorde con nuestra realidad (¿quién si no la federación conoce a fondo dicha realidad?). Y también es claro lo mucho que Fecode tiene que replantear en términos de transparencia y diversidad al interior de su cúpula.

Por: Catalina Hernández Guana

COLOMBIA COMO REALMENTE DEBERÍA SER

En lugar de devolver nuestro estado a la época de la Inquisición y el Oscurantismo, todos los colombianos deberíamos trabajar unidos en la construcción de un país más civilizado, más respetuoso de las libertades individuales y que de verdad ofrezca oportunidades a sus ciudadanos sin importar sus condiciones particulares.

Desde hace algún tiempo, se ha vuelto común en nuestro país, que algunas personas hablen de “Colombia como debe ser”, proponiendo un modelo de Estado retrógrado que limita y polariza. Bajo ese modelo, solo tendrían espacio esos que comparten la misma visión y filosofía de vida. Los demás, serían condenados al silencio, a la exclusión o al exilio.

Los miembros más visibles de esos sectores radicales proponen soluciones extremistas para, según ellos, acabar los “problemas” del país. Entre sus propuestas aparecen por ejemplo, la redacción de una nueva Constitución Política y la eliminación de la entidad que actúa como el guardián de la constitución que hoy tenemos, es decir, la Corte Constitucional colombiana.

Según esas personas, quienes además hacen parte de algunos de los partidos políticos tradicionales, no es viable que exista igualdad de derechos entre los colombianos porque en Colombia existen diferencias que no pueden ser aceptadas y la ley debe castigar y excluir a quienes no son “como deberían ser“. El gran pecado aquí es no pertenecer al modelo tradicional de familia que ellos defienden.

Estas personas y sus movimientos políticos, intentan introducir un nuevo Apartheid en Colombia. Apartheid es un sistema de segregación y discriminación respaldado por el Estado, que beneficia a unos ciudadanos sobre los otros. Ha sido usado en países como Alemania en 1930, Sudáfrica entre los años 1950 y 1990 y en Estados Unidos hasta la década de 1960.

Estos sistemas discriminatorios no respetan los derechos humanos fundamentales; por eso deben ser detenidos antes de que continúen polarizando nuestro país. Los medievales políticos que respaldan y están tratando de imponer este Apartheid, también proponen que Colombia vuelva a tener una religión oficial cuyos principios sean seguidos rigurosamente por todos los ciudadanos. Incluso, proponen la concentración de más poder en el jefe del órgano ejecutivo, es decir, en el Presidente de la República, para garantizar que sus ideas, sus tradiciones y su moral sean seguidas y obedecidas por todos. Si esto pasara, se desequilibraría completamente el principio de la división e independencia de poderes, desarrollado en los siglos 17 y 18, y que constituye la base del estado moderno que tenemos hoy.

En lugar de devolver nuestro estado a la época de la Inquisición y el Oscurantismo, todos los colombianos deberíamos trabajar unidos en la construcción de un país más civilizado, más respetuoso de las libertades individuales y que de verdad ofrezca oportunidades a sus ciudadanos sin importar sus condiciones particulares. Un país en el que todos quepamos y al que todos le aportemos.

Considero que las características de la Colombia que realmente deberíamos ser son las siguientes:

  1. COLOMBIA RESPETUOSA. Todos los ciudadanos sin importar sus condiciones particulares deben ser tratados con dignidad, igualdad y respeto. Ese respeto debe extenderse también a nuestro medio ambiente y a los animales que habitan nuestro país multicolor, multicultural y biodiverso.

2. COLOMBIA ORGULLOSA. Un país al que todos sus ciudadanos se sientan orgullosos de pertenecer y donde no haya cabida para frases o pensamientos como “la política es el arte de robar”, “el vivo vive del bobo”, “solo hay un modelo de familia aceptable”, “lo malo de la rosca es no estar en ella”, “el fin justifica los medios y por eso todo se vale”, “negro ni el mercedes”, “prefiero un hijo muerto que marica…” Estos no pueden seguir siendo los valores que le estamos inculcando a las nuevas generaciones y mucho menos los principios sobre los cuales está edificada nuestra sociedad.

3. COLOMBIA EMPLEADORA. El trabajo realmente dignifica al ser humano. Si trabajamos en condiciones dignas, que incluyan salarios y horarios de trabajo justos y si existiera un verdadero compromiso por parte del Estado y de la empresa privada para la generación de empleo, seguro será más fácil que todos los colombianos empecemos a trabajar POR Colombia y no PARA unos pocos.

4. COLOMBIA TRANSPARENTE. El país es rico pero está mal administrado. En total, casi el 50% de los recursos públicos en Colombia son hurtados o mal invertidos. Los fondos que son de todos, deberían ser manejados como una urna de cristal, es decir, cualquier colombiano sin importar en donde se encuentre, a través de las plataformas tecnológicas que tenemos hoy, debería tener acceso fácil y en tiempo real, a la toda la información sobre cómo son invertidos los recursos públicos. El presupuesto, los gastos y las contrataciones (con sus soportes), de todas las entidades del Estado, deberían estar disponibles en Internet para que podamos hacer las sumas y las restas de manera pública y así poder supervisar qué es lo que se está haciendo con la plata de todos los colombianos.

Imaginemos por un momento qué pasaría si ese 50% de los recursos públicos que son nuestros, pero que se roban o son mal manejados, fueran invertidos de forma correcta y vigilada (por todos), por ejemplo en temas como educación, salud, seguridad, infraestructura, servicios públicos básicos, etc.

  1. COLOMBIA ENTENDIDA. Considero que algo que cada vez segrega y margina más a los ciudadanos vulnerables, es la complejidad del vocabulario que usan las entidades públicas. El acceso a la justicia debería ser más fácil y claro, simplificando los procedimientos estatales. Esto incluye la manera como se presenta la información sobre las finanzas públicas.

En mi opinión, cambiar a Colombia no es tan difícil como parece, pero uno de los problemas para lograrlo es que nos hemos acostumbrado a que nos manejen y gobiernen de cierta forma y nos han convencido de que el sistema político actual es el único que podemos tener.

¿Será que no es viable construir un país diferente en el que quepamos y aportemos todos? Yo creo que si. ¿Y usted?

¿Debemos detener este nuevo Apartheid para que no se institucionalice en nuestro país? Yo creo que si. ¿Y usted?

¿Vamos a patrocinar políticos y partidos que odian, discriminan y generan violencia contra sus vecinos, sus familiares y sus amigos? Yo no. ¿Y usted?

 

Por: Fernando Merchan abogado, con MBA en Oxford Brookes University.

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