DE LAS ARMAS A LAS PALABRAS

Los seres humanos que se desmovilizan, se desprenden del fusil para combatir con la palabra; el intercambio de razones y argumentos será la técnica de acción política, el lenguaje predominará sobre la guerra

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La dejación de armas por parte de las FARC-EP genera un ambiente esperanzador pero también de incertidumbre.  Los seres humanos que se desmovilizan se desprenden del fusil para combatir con la palabra, el intercambio de razones y argumentos será la técnica de acción política, el lenguaje predominará sobre la guerra, será el mecanismo a través del cual los nuevos actores políticos buscarán eliminar o reducir la exclusión política y las desigualdades de tipo económico, social y cultural que dieron lugar a la confrontación armada por más de 50 años; la incorporación a la sociedad civil les otorgará la posibilidad de transformarse en partido político, canalizar las demandas sociales, contribuir a la formación y manifestación de la voluntad popular e influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación.

La entrega de las armas no sólo se consolida como un acto simbólico sino además como un acto de voluntad que exterioriza un compromiso político. Abandonar la lucha armada y evitar el empleo de la violencia para defender los valores e intereses que persiguen les permitirá actuar en un marco de legalidad que además de garantizarles los derechos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político e incidir de forma significativa en los niveles decisorios de la administración pública, les impondrá los deberes de respetar la Constitución y la ley, los compromisos asumidos en el acuerdo de paz y los que adquieran con quienes depositen su voto de confianza en el partido político que conformen.

Es evidente que Colombia atraviesa una coyuntura histórica, política, económica, social y cultural que demanda acciones afirmativas del Estado para revertir los efectos negativos del conflicto armado y cohesionar esta sociedad fracturada por la guerra. En efecto, el proceso de paz requiere además de un enorme esfuerzo fiscal, de la intervención del Estado a través de medidas urgentes que remedien el vacío de poder que se presenta en los territorios con el fin de limitar la ocupación por parte de los grupos armados al margen de la ley y las bandas criminales emergentes, del establecimiento de una administración de justicia rural que desate los conflictos sociales que se presenten de manera oportuna, de la implementación de políticas públicas que posibiliten la reincorporación socio-económica de los hombres y mujeres que dejaron las armas y promuevan el desarrollo de las comunidades marginadas y azotadas por el conflicto interno, y de la construcción de una cultura de paz (perdón y reconciliación).

Ahora bien, la construcción de una cultura de paz no es tarea fácil pues no hay que desconocer que el proceso de paz se desarrolla en un escenario complejo que genera incertidumbre, de hecho es natural que existan dudas y desconfianza, ya que si bien es cierto que todos los colombianos deseamos vivir en paz, las posturas que adoptamos frente al acuerdo de paz se encuentran ligadas a la ideología política y la condición de víctimas directas, indirectas o de victimarios del conflicto armado.

No obstante lo anterior, los colombianos debemos ser conscientes de que asistimos a un proceso de paz colectivo en el que la comunicación y la reconciliación resultan fundamentales para restablecer el tejido social. Es más, reconocer que el conflicto armado es consecuencia de la exclusión, la desigualdad y la concentración del territorio, del poder político y económico, nos permitirá comprender que la mayoría de los colombianos somos víctimas de una guerra incesante por el poder y que para lograr una convivencia pacífica, es necesario generar espacios de diálogo y consenso en los que se supriman los reproches, recriminaciones y deseos de retaliación o venganza, no sólo con el fin de abonar esfuerzos para lograr la integración social y el cese de hostilidades definitivo sino además para fortalecer la democracia deliberativa que implica un intercambio argumentativo para la toma de decisiones.

Imagen tomada de:  http://www.eje21.com.co/site/wp-content/uploads/2017/02/Armas-entrega

Por: Luz Dayan Caballero, abogada de la Universidad Católica de Colombia, Especialización en Derecho Universidad Externado de Colombia.

¡Todos los políticos son iguales!

Ha permeado la convicción más íntima y profunda de que la democracia se ha convertido en una disputa sin tregua por la distribución del poder y el reparto burocrático

En Colombia a menudo pronunciamos esta expresión y a pesar de que exterioriza de forma clara las percepciones, sentimientos e ideas que se tienen de la clase política en general, los dirigentes que la conforman no se estremecen. Pero ¿Cuál es la razón para que no les impresione una manifestación que podría desestabilizar el poder que detentan?, ¿Existe un reconocimiento de que son representantes o mandatarios de la nación?

Ríos de tinta han confluido para legitimar la presencia del Estado, influyentes teóricos han acompañado ideológicamente las diversas formas de organización político-jurídica de las sociedades humanas, las construcciones teóricas son tan brillantes y coherentes que son adaptadas e incluidas en el Derecho Positivo.

Vale la pena recordar por ejemplo a Jean Jacques Rousseau, el teórico de la soberanía popular, del contrato social, defensor de la concepción de democracia antigua, esto es, del poder legítimo radicado en el pueblo como actor libre y protagonista de su propio destino, y opositor de la concepción moderna de democracia, es decir, del poder legitimado por las mayorías, que se caracteriza por estar subordinado a la voluntad de los “representantes” y que convierte al pueblo en un simple espectador de las decisiones que se toman en su nombre.

A Benjamín Constant, quien diferenció el concepto de libertad antigua de la moderna, señalando que la libertad en los antiguos se encontraba determinada por el ejercicio directo de los derechos políticos, por la participación activa que tomaba cada ciudadano en la soberanía, por el reconocimiento individual del valor del sufragio como parte esencial de la importancia personal e influencia real en la administración del Estado, mientras a la libertad moderna la identifica con el goce pleno y absoluto de los derechos civiles e individuales y el ejercicio del sufragio restringido – democracia indirecta o gobierno representativo-.

Pero ¿qué sentido tiene recordar a Rousseau y Constant?, sin duda no tengo otro objetivo que difundir la idea de que a partir del momento que el pueblo dejó de deliberar y gobernar de forma directa y lo hace a través de sus representantes perdió su libertad política.

A los representantes se les otorga un voto de confianza para que promuevan el interés general; sin embargo, de manera constante ese voto de confianza se ve defraudado, nuestros representantes se comprometen con intereses particulares e inclusive individuales, el fenómeno de la corrupción se propaga en cada rincón de nuestro país y pese a la incalculable producción normativa para menguar este fenómeno, ninguna pena resulta suficiente ni siquiera para disminuir sus proporciones, circunstancia que da lugar a que los Colombianos asumamos una posición pesimista y de indiferencia frente a la política, que en manera alguna desestabilizaría el poder que detentan.

En efecto, la desconfianza generalizada de la población Colombiana en el gobierno representativo, si bien es cierto ha originado acciones de resistencia -actos de oposición o protesta- ha permeado la convicción más íntima y profunda de que la democracia se ha convertido en una disputa sin tregua por la distribución del poder y el reparto burocrático, generando actitudes de conformismo; inclusive, pareciera como si hubiéramos desarrollado la capacidad para soportar y aceptar las dolorosas vivencias de la violencia, la exclusión y la pobreza que enfrenta el país, como si nuestras conciencias se embelesaran y dejaran de añorar la libertad política, libertad que nos permite tomar partido de la vida misma, de las decisiones que nos afectan.

Por @luzdayancaballero Abogada Universidad Católica de Colombia; con Especialización en la Universidad Externado de Colombia.