Miedo a la JEP

A los que se oponen de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no les preocupa la impunidad de los excombatientes de las FARC-EP. Algunos partidos políticos, donde encontramos el Partido Conservador o el Partido Cambio Radical, quieren que ésta sea aprobada pero que sólo concurran a ella los excombatientes de esta guerrilla, con todos los beneficios del Acuerdo de Paz. Otros sectores, como han manifestado algunos parlamentarios del Centro Democrático, buscan que todos los excombatientes acudan a la jurisdicción ordinaria, para que sea allí donde reciban los beneficios del Acuerdo.

Lo que les preocupa a estos sectores de la sociedad es que todos los colombianos tengamos la oportunidad de conocer más verdades en torno a las causas del conflicto armado, sobre las personas involucradas y los patrones de violación de Derechos Humanos. En últimas, le tienen miedo a las consecuencias políticas y jurídicas que acarrea la JEP.

Buscan que a la JEP sólo asistan los excombatientes de la insurgencia, siendo ellos los únicos obligados a contar toda la verdad en un procedimiento abiertamente público, centralizado, con la presencia de las víctimas y de los medios de comunicación, porque saben que en el momento en el que hablen los demás agentes del conflicto, como militares retirados,  antiguos paramilitares o terceros financiadores o beneficiarios del conflicto armado, todo el régimen político, y los círculos de poder que ellos representan, deberán darle explicaciones a todo el país, acarreando un costo político enorme, sin contar con las consecuencias políticas individuales.

Buscan que esto sea definido en la justicia ordinaria, famosa por su congestión judicial, para que cuando se determine la verdad y la posible responsabilidad de cada acusado, haya cambiado el momento político y en el sentido común de los colombianos los principales responsables del conflicto sean los guerrilleros, pese a que no sean los únicos responsables de las víctimas. Saben que en esta jurisdicción existen fiscales, jueces y magistrados susceptibles de amenazas y actos de violencia, pero también de sobornos y favoritismos, donde su responsabilidad puede desaparecer, a costa de los derechos de las víctimas, como es el caso de la verdad.

Así, mientras que en el caso de la JEP las víctimas, victimarios y sociedad en general van a estar concentrados facilitando que todo lo que ocurra sea de conocimiento público, en la jurisdicción ordinaria cada uno de estos procesos va a adelantarse en juzgados distintos, a lo largo y ancho del país, con múltiples fiscales y las víctimas disgregadas, dificultando tanto la participación de las víctimas como de los medios de comunicación en las audiencias, dificultando el acceso a la verdad y su acceso a todos los colombianos.

También han buscado, por medio de modificaciones a lo dispuesto en el Acuerdo de Paz, desconocer las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en tratados internacionales como el Estatuto de Roma, el cual constituye la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, modificaron el alcance de la responsabilidad de los mandos militares y de los civiles en el conflicto a causa de los delitos cometidos por sus subordinados, disminuyendo su responsabilidad y garantizando, ahora sí, impunidad para agentes del conflicto.

Así, pese a que estos partidos hablen de lucha contra la impunidad, lo único que parecen haber venido haciendo es acentuarla.

Imagen tomada de: http://bit.ly/2iJMCPY
@carielbautista

Carlos Ariel Bautista González

Director de la Revista CiudadBlanca. Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional.Representante estudiantil de la carrera de Derecho. Miembro del Comité Ejecutivo Regional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior.

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