Soberanía alimentaria, víctima del libre comercio

En las discusiones sobre la relación agricultura-sociedad encontramos, entre otras, la que le asigna una única función de generadora de divisas que sirvan para la inversión en proyectos de desarrollo, en gasto público social y para la importación de bienes de consumo y de capital; por otra parte, el modelo dual de Arthur Lewis (1594) ve en ella un sector cuyos excedentes de producción y de capital deben ser materia prima para la industria que absorbe la mano de obra sobrante y cuyos excedentes de acumulación regresarán mediante proyectos agro industriales. Pero darle a la agricultura un papel meramente económico ha sido abordado críticamente en cuanto no genera un alto valor agregado y según la ley de Engel, a medida que crece la economía, disminuye el porcentaje de participación del sector agro cómo gasto del ingreso nacional.

En un tercer enfoque multidimensional, Johnston y Mellor incluyen la función social de la producción de alimentos en cuanto garantía de seguridad alimentaria, que se define como la disponibilidad y acceso físico y económico del consumidor a alimentos de calidad, inocuos y nutritivos. Sin embargo, más allá de la disponibilidad y el acceso que pone en el centro del debate sobre este derecho al individuo como consumidor, desde organizaciones sociales y políticas a nivel internacional hemos insistido en el concepto de la Soberanía Alimentaria que enfatiza en que la cuestión de los alimentos es  un  derecho colectivo de las comunidades y naciones a definir de manera soberana su propia política alimentaria y agraria, a proteger la producción nacional contra el ‘’dumping‟ de los excedentes y productos subsidiados de otros países.

Contrariando la experiencia de las potencias agropecuarias como Estados Unidos o la Unión Europea que mantienen altos subsidios a su producción, almacenamiento, comercialización, consumo y a los precios directos, entre otros (http://bit.ly/2zbfit3), el dogma del Libre Comercio, desarrollado e impulsado por ellas mismas, pretende bajo el supuesto de la racionalidad económica de los agentes del mercado someter a otras naciones y a sus productores a la competencia desigual haciéndonos desmontar todo tipo de salvaguardas a nuestra producción. Tal es el alma de la apertura económica y de los tratados de libre comercio, que bajo la teoría de las ventajas comparativas, es decir, de la especialización en lo que más eficiente se es produciendo, pretenden ponernos a depender de la extracción de materias primas minero energéticas para con sus exportaciones financiar la importación de alimentos y bienes de consumo.

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A tal concepción le es precisa cómo respuesta la conocida frase del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush (2001), en la que dice que un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su nación, sería una nación expuesta a presiones internacionales, una nación vulnerable y que por eso la agricultura es un problema de seguridad nacional. Pero no cabe en este debate cualquier tipo de alimentos, mientras en Colombia el 65% de las 7,1 millones de hectáreas cultivadas están dedicadas a productos tropicales que no hacen parte de la dieta básica de la humanidad, dichas potencias se dedican a asegurar con el Libre Comercio nuestra dependencia de productos de cultivos transitorios como los cereales y que están más directamente ligados a la soberanía alimentaria.

¿Por qué los cereales? los cereales fueron el primer tipo de alimentos en ser cultivados por las primeras civilizaciones, el trigo en oriente medio, Egipto y Sudán; el arroz en el sudeste asiático y el maíz en Meso-américa, actualmente son los 3 alimentos agrarios de mayor producción a nivel mundial. Los cereales contienen la fibra necesaria para el funcionamiento intestinal, asimismo la energía de más fácil asimilación para el organismo humano (alrededor del 85-90% del total de la energía es digestible), los carbohidratos que sirven como combustible y que aportan más del 50% de la energía consumida por la humanidad y  además facilitan también la asimilación de la proteína animal (http://bit.ly/2uFiaKP).

La Soberanía y asimismo la seguridad alimentaria han sido de las principales víctimas de la apertura económica y del Libre Comercio, desde 1992 hasta 2013 se dejaron de sembrar 36.000 hectáreas de cultivos de Trigo y 245.000 de Maíz, después de 5 años de Tratado de Libre comercio con Estados Unidos, país del cual proviene el 50% de las importaciones de cereales, las mismas han crecido de USD $282 millones en 2012 a USD $1072 millones en 2016 y en la actualidad el 95 % del trigo, el 70 % del maíz y el 12% del arroz que consumimos en el país es producido en el extranjero (http://cedetrabajo.org/blog/14095/).

Es necesario abrir un debate en el país sobre la recuperación del papel del Estado como responsable principal del aseguramiento de nuestra soberanía alimentaria y que recobre el papel de interventor directo mediante apoyos públicos, subsidios a las diferentes etapas de producción, comercialización y consumo; políticas fiscales y arancelarias proteccionistas y fomento mediante políticas monetarias expansivas para asegurar nuestra independencia y estabilidad política, económica y social cómo nación en el ámbito global.

Camilo Alcalde

Estudiante de Ciencia Política. Coordinador del POLO en la UN y voluntario con Jorge Robledo. Miembro del Centro de Estudios Sindicales y Políticos -CEDESIP. Activista de la Organización Colombiana de Estudiantes -OCE. Miembro del Grupo de Trabajo Avanza UN y de la Mesa Interpartidista UNAL-Bogotá.

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