A Roma vuelve el Papa, ¿y el hampón a dónde?

 

Cada vez que viene un Papa a Colombia, se tramita en el Congreso de la República una Ley de Jubileo. Según la RAE,  jubileo es, “entre los cristianos, indulgencia plenaria, solemne y universal, concedida por el Papa en ciertos tiempos y en algunas ocasiones”.

La Ley de Jubileo contempla que se rebajen las penas de los reclusos exceptuando a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad; los beneficiados serían los culpables de delitos de menor gravedad en hasta un 20% del total de su pena por una sola vez. Entre los delitos menores están el hurto calificado y agravado, lesiones personales sin secuelas o culposas, violación de derechos de autor, estafa, injuria y calumnia, entre otros. Pues bien, de aprobarse la mencionada ley, por la visita del pontífice Jorge Mario Bergoglio, más de 40.000 mil personas recobrarían su libertad en los próximos cuatro años.

La Ley de Jubileo sería así un beneficio por cuanto mitigaría algunos de los más serios problemas del sistema penitenciario en el país, como son el hacinamiento que sufren los reclusos en las cárceles y las correlativas violaciones a sus derechos humanos y las fallas en los servicios de salud y alimentación. Además, de la escasez de espacios para desarrollar los procesos de resocialización, la proliferación de trastornos mentales y de enfermedades contagiosas como hepatitis, sarampión, tuberculosis y VIH, el consumo de sustancias psicoactivas y la agudización de la violencia a causa de las mafias, la corrupción y las riñas.

Al parecer, hasta ahí, todo pinta bien. Sin embargo, recordemos que a la luz de la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado laico, lo cual se haya estipulado en los artículos 18 y 19 que garantizan la libertad de conciencia y la libertad de cultos.

En consecuencia, qué sucede con las víctimas de los perpetradores que sean liberados por la dichosa Ley de Jubileo. Más aún: ¿qué pasa con una víctima que ni siquiera sigue la religión católica o que es no creyente?

En lo personal, considero que toda persona merece una segunda oportunidad y, por lo tanto, me declaro partidaria de la rehabilitación más que del castigo. Sin embargo, entiendo que también las víctimas tienen derechos, derechos tales como la reparación y que los perpetradores sean castigados. ¿No se les vulneran estos derechos? ¿No se viola nuestra Carta Magna?

Por ejemplo, soy atea. Tiempo atrás unos sujetos me hacen víctima de un paseo millonario: me golpean, saquean mis cuentas, me despojan de mis pertenencias y finalmente, me abandonan en un paraje remoto donde puedo ser víctima de otros predadores.

Y entonces, ¿tengo que aceptar sin más que por razones de un credo religioso que no es el mío, mis victimarios queden libres para que, por la falta de oportunidades o por ridiculeces como esta, vuelvan a delinquir? ¿Vuelvan a hacerme el paseo millonario?

Repito: celebro el perdón, que existan segundas oportunidades, pero creo que las víctimas tienen derecho a la reparación y a la garantía de no repetición y estos se vulneran cuando los victimarios reciben rebajas en las penas y beneficios que los dejan libres para seguir delinquiendo. Después de todo, a Roma vuelve el Papa, pero el hampón sigue haciendo de las suyas.

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