Vuelve y juega: la estigmatización de las universidades públicas

El atentado en el centro comercial Andino pone de presente la necesidad de blindar el proceso de paz ante las diferentes voces que claman por un regreso de la ley del talión y la venganza a ultranza. Los hechos presentados el pasado 17 de junio vuelven a situar en la arena política la idea de la seguridad y la lucha antiterrorista. Acto seguido, se erigen banderas de lucha que toman el dolor y la zozobra colectiva para realizar proselitismo. Y, de manera irresponsable, se señala con una presunta certeza los responsables y sus adeptos. Tras el suceso las redes sociales se inundaron de denuncias, indignación y acusaciones que sostenían como autores a miembros pertenecientes al Movimiento Revolucionario Popular (MRP) vinculados con el ELN y disidentes de las FARC. Entre los defensores de esta idea se encontraron partidarios del Centro Democrático, los cuales no se detuvieron e indicaron que era necesario “sacar al presidente del terrorismo” como también que bajo el gobierno de Santos ser criminal “pagaba”. El domingo 18 de junio el periódico El Tiempo informó que la primera hipótesis de las investigaciones apuntaba a que el responsable del atentado, en efecto, podría ser un grupo llamado Movimiento Revolucionario Popular (MRP) y subrayó que dichas pesquisas habían conocido de “algunos nexos de este grupo con miembros del ELN y con extremistas de la Universidad Nacional”. La publicación causó revuelo en las redes sociales y condujo a que el rector de la Universidad Nacional rechazara la estigmatización generada por el medio de comunicación. Como enmienda a la publicación inicial el medio optó por ampliar, un poco más, su población objeto de la acusación y señaló que dichos extremistas se movían “dentro de las universidades públicas”.

Esta serie de eventos ponen nuevamente varios temas sobre la mesa. Primero, la responsabilidad de los medios de comunicación al momento de informar objetivamente; segundo, el desafío que tenemos como sociedad para derribar la polarización que se sustenta en los estigmas y acusaciones basadas en las orientaciones políticas de izquierda o derecha; tercero, la necesidad de blindar el proceso de paz y defender el valor de la vida ante el uso oportunista que le imprimen algunos actores políticos. Por último, el constante señalamiento que recae sobre las instituciones universitarias de carácter público y en especial sobre la Universidad Nacional. En Colombia, la estigmatización ha proporcionado el caldo de cultivo para significar a los otros como el enemigo o lo indeseable y así justificar fenómenos como el paramilitarismo y el sicariato. El Centro de Memoria Histórica en su informe “Limpieza social una violencia mal nombrada” ha sido enfático en advertir que el estigma marca una condición socialmente devaluada fundamental en la degradación de nuestro conflicto social y armado. El estigma social ha dinamizado nuestra polarización y encrudecido el conflicto armado. Construido sobre la disparidad entre la expectativa de un comportamiento y la realidad de las maneras como actúan algunos grupos de la sociedad, alimenta un imaginario simbólico de chivo expiatorio envuelto en un juego de amigo-enemigo. No sólo cumple con la función de condenar sino también de despojar de toda dignidad a quién es su víctima.

En el escenario político, exacerbar las pasiones es útil pues posiciona la discusión en una falsa dicotomía, difundida ampliamente por algunos sectores políticos y la cual exhorta: “o estás con nosotros o estás con los terroristas”. No obstante, la importancia de la discusión sobre la estigmatización radica en su carácter ideológico y simbólico. Así, aquellos discursos que se encuentran dotados de legitimidad y gozan de un carácter hegemónico convierten al otro en un enemigo que debe ser deshumanizado, más aún, en situaciones en las cuales los pánicos se encuentran incrementados y la única salida es la “garantía de la seguridad” o el statu quo.

El papel de los medios de comunicación cobra una importancia capital frente a dicha problemática porque las atribuciones que son difundidas mediante el estigma no hacen justicia a la verdad y, es allí donde se incita al odio por sí mismo sobre poblaciones históricamente señaladas como disidentes o críticas, en este caso, toda una serie de instituciones universitarias públicas, específicamente, sobre la Universidad Nacional. A ello se suma el imaginario social que recae sobre la población joven de estos planteles el cual no dista de una noción de “subversivo”, “revolucionario” o “mamerto”. Este último punto es de vital importancia si se tiene en cuenta las víctimas que el conflicto armado le ha cobrado a los estudiantes de universidades públicas por el simple hecho de pensarse una sociedad diferente. Para no ir muy atrás, basta con recordar las amenazas realizadas en 2015 por parte del Bloque Capital D.C de las Águilas Negras a estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional debido a su liderazgo en las jornadas de movilización frente a las problemáticas de la universidad y las campañas a favor del pensamiento crítico defendido por el profesor Miguel Angel Beltrán. Para ese mismo año la abogada Paola Salgado fue sindicada, junto a otras doce personas, de tener nexos con una organización denominada “Llamarada Mentes Libertarias” y “estructuras urbanas del ELN”. Nuevamente, los medios de circulación nacional y local señalaban a las universidades públicas como entes promotores de la insurgencia y el terrorismo, mientras olvidaban el aporte que desde estas se hace a la construcción de una sociedad más equitativa.

El suceso más reciente que retrata el señalamiento sistemático que recae sobre las instituciones de educación superior públicas tuvo lugar el sábado 24 de junio del presente año, cuando fuimos testigos de la captura de nueve estudiantes entre ellos dos abogadas y una artista plástica. El argumento es el mismo, una serie de conexiones que asocian el pensamiento crítico y el trabajo por la defensa de los derechos humanos con una práctica de extremistas e insurgentes.

El estigma que recae sobre los estudiantes y egresados de las universidades de carácter público ha justificado actos degradantes y violatorios a los derechos de humanos, llegando incluso a atropellar la presunción de inocencia y la dignidad de las personas que son estereotipadas por el discurso hegemónico del terror y el odio. A ello, se suma el hecho de que al ser encasillado como “mamerto”, “disidente” “revolucionario” y “tira piedra” la respuesta más recurrente ha sido dejar de escucharlos y perseguirlos. Situación que en últimas mantiene el bache existente en nuestra democracia marcada por un diálogo de sordos.

Manuel Alejandro Forero Figueroa. Trabajador social y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Interesado en temas de construcción de paz, promoción de derechos humanos y participación ciudadana.

Imagen tomada de: goo.gl/Wz16L8

 

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