Rodrigo ‘el sucio’

Fotografía Daniel Berehulak - The New York Times

Rodrigo Duterte fue elegido presidente de Filipinas a mediados de 2016 bajo la promesa de erradicar el crimen y el narcotráfico del país. Desde su ascenso al mandato, las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía y grupos paramilitares han cobrado la vida de más 7000 personas -entre presuntos traficantes de drogas y consumidores. Las víctimas suelen ser jóvenes pertenecientes a los segmentos más pobres y marginalizados de las principales ciudades, están incluidas en una ‘lista negra’ confeccionada por las autoridades locales en base a habladurías y rumores sin verificación judicial.

Según un reporte de Amnistía Internacional en el contexto de la política antinarcóticos del señor Duterte la Policía Nacional Filipina ha pagado a sicarios 100 dólares por el asesinato de cada consumidor de narcóticos y una suma entre 200 y 300 por cada supuesto traficante; se ha documentado también que agentes de la policía plantan evidencia -como armas y narcóticos- en las escenas del delito para justificar en los reportes su accionar delictivo,  ejecutan sospechosos a sangre fría y comenten saqueos en las propiedades de las víctimas.

Naturalmente, la cruenta guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte ha despertado preocupación: la ONU  protestó  enérgicamente, y en la prensa liberal a lo largo del globo hay varios reportes espeluznantes sobre los abusos de la policía en contra la población civil. No obstante, dentro del país goza con un firme apoyo, más del 70% de los filipinos aprueba su gestión. ¿Por qué?

Democracia disfuncional

Filipinas es una democracia liberal desde el derrocamiento del general Ferdinand Marcos en 1986. Sin embargo, sus instituciones son precarias. Hablando del sistema de justicia, se estima en 600.000 el número de procesos que están represados en las cortes por falta de jueces, a lo largo de un año en promedio un fiscal debe hacerse cargo de 500 casos y un defensor público atender a 5000 clientes.

De otro lado, la posición geográfica del Archipiélago de Filipinas la convertido el país en un corredor estratégico en el tráfico de drogas. Filipinas ha vivido una epidemia de violencia en sus calles por cuenta de bandas criminales disputándose el control del mercado de metanfetaminas. Como resultado de la crisis de seguridad los problemas del sistema de justicia continúan empeorando: la impunidad es altísima y las cárceles están desbordas por miles de presos a la espera de juicio.

Ante este panorama caótico es apenas obvio que la legitimidad de las instituciones tradicionales se desmorone y sea tentador para el público entregar poderes ilimitados a un líder carismático bajo la promesa de recuperar la seguridad.

Rodrigo Duterte es para los filipinos alguien como Dirty Harry, un policía duro e implacable, dispuesto hacer lo que sea necesario para darle castigo a los criminales, incluso si eso implica pasar por encima de la ley; el debido proceso y los derechos humanos, más que garantías de las libertades negativas de los individuos, son percibidos como un ‘escudo’ utilizado por los delincuentes para evadir la acción de las autoridades.

¿Traerá paz y seguridad al país la feroz política antinarcóticos del señor Duterte?

Aunque supusiéramos que su guerra contra las drogas tuviera éxito reduciendo el tráfico y el consumo de estupefacientes – algo bastante difícil de pensar si revisamos el caso de Tailandia, un país que emprende una guerra similar desde el 2003 con resultados realmente pobres- los efectos en el largo plazo para la cultura política de los filipinos serán desastrosos: las fuerzas policiales seguirán cometiendo abusos en contra de la población y la legitimidad de las instituciones estatales se deteriorará aún más sucesivamente.

La solución a los problemas de seguridad originados por el narcotráfico en Filipinas no pasa por la ejecución extrajudicial de miles de personas, sino por una reforma integral del sistema de justicia y la reorientación de los recursos de la policía, en lugar de enfocarse en el pago de recompensas a sicarios y la ejecución de traficantes de poca monta los esfuerzos de las fuerzas de seguridad deberían estar orientadas en operaciones de inteligencia que permitan desmantelar  las bandas criminales generadoras de violencia.

Felipe Leal

Estudiante de economía Universidad Nacional de Colombia. Miembro fundador de la Revista CiudadBlanca. Liberal contradictorio.
Twitter@piensazavalita